El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, aseguró que el prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, estaría utilizando “alguna tecnología” que impide determinar su ubicación, pese a sus constantes apariciones virtuales en medios de comunicación y eventos políticos.

Durante declaraciones a la prensa desde Chiclayo, el alto mando policial explicó que, si bien Cerrón participa en entrevistas y mítines virtuales, las herramientas tecnológicas que emplea no permiten obtener datos precisos sobre su paradero. “Utiliza alguna tecnología a través de la cual no se puede tener una ubicación con el grado de certeza ni aproximación”, sostuvo.

Arriola indicó que esta situación dificulta las labores de inteligencia destinadas a su captura, aunque reiteró que la institución mantiene el compromiso de ubicarlo. Cerrón se encuentra en condición de no habido desde octubre de 2023 y cuenta con órdenes de captura vigentes a nivel nacional e internacional.

El comandante general descartó además cualquier tipo de beneficio o trato preferencial hacia el exgobernador regional de Junín. En ese sentido, remarcó que no existe impunidad y que los operativos para dar con su paradero continúan en diferentes regiones del país.

Las declaraciones fueron brindadas en el marco de la presentación de resultados de diversos operativos policiales realizados en los últimos días, donde la PNP informó sobre intervenciones vinculadas a la lucha contra el crimen organizado y otros delitos.

En paralelo, el Poder Judicial renovó recientemente las órdenes de ubicación y captura contra Cerrón, a fin de que cumpla los 24 meses de prisión preventiva dictados en su contra como parte de una investigación por presunto financiamiento ilegal de campañas electorales entre los años 2008 y 2021.

El caso es seguido por una fiscalía especializada en delitos de lavado de activos, donde se le investiga por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos en agravio del Estado.

Asimismo, el líder de Perú Libre está a la espera de que el Tribunal Constitucional resuelva un recurso de habeas corpus presentado por su defensa, con el que busca anular el mandato de prisión preventiva.

Mientras tanto, las autoridades continúan con las acciones para lograr su ubicación y captura, en un contexto marcado por el uso de herramientas tecnológicas que complican su rastreo.