A pesar de haber sido advertido en 2025, el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) permitió la pérdida de vigencia de cuatro proyectos de inversión pública por más de S/ 41 millones. Las iniciativas, que obtuvieron viabilidad en 2022, serán desactivadas al no registrar avances en el Banco de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

A través del Informe de Acción de Oficio Posterior N.° 13244-2025-CG/PREV-AOP, la Contraloría señaló que los proyectos vencieron en 2025 tras cumplirse los tres años sin avanzar la ejecución. La omisión impidió continuar el ciclo de inversión y los deja expuestos a una desactivación definitiva en el Banco de Inversiones.

Entre las iniciativas afectadas figuran el mejoramiento del centro de salud Ccota Ccota (Caylloma), el sistema de riego en Yanque (Condesuyos), el Conservatorio Regional de Música Luis Duncker Lavalle (Cerro Colorado) y el módulo judicial de Islay (Mollendo). “Transcurrió el 100% del plazo de vigencia sin registrar el expediente técnico, lo que refleja que las inversiones no se ejecutarán o generarán mayores costos para su actualización”, señala el informe.

La Contraloría advirtió que esta situación retrasa la provisión de servicios en salud, agricultura, educación y justicia, además de obligar a reiniciar los proyectos desde cero si son desactivados, con nuevos costos y mayores plazos.

PROYECTOS DE COPASA EN RIESGO

A estos casos se suman cuatro proyectos adicionales a cargo del Proyecto Especial Copasa, valorizados en S/ 9 399 375.48, que también perdieron su viabilidad. Entre ellos figuran el mejoramiento del canal de regadío Tucumán en Uñón (Castilla), valorizado en S/ 996 mil; la creación de servicios ecosistémicos de forestación en La Joya, por más de S/ 7 millones; la construcción de un local social en Piraucho, por S/ 293 mil; y el fortalecimiento de capacidades en la municipalidad de Caylloma, por S/ 1,09 millones.

Estas iniciativas, vinculadas a riego, recuperación ambiental y gestión local, también quedaron paralizadas, ampliando el impacto de la pérdida de vigencia sobre proyectos destinados a cerrar brechas en zonas rurales.