Betssy Chávez, expresidenta del Consejo de Ministros.

El Poder Judicial dispuso incorporar a la Procuraduría General del Estado como actor civil en la investigación preparatoria que se sigue contra la exjefa del Gabinete Ministerial, Betssy Chávez, por presuntas irregularidades en la contratación de familiares de su expareja en entidades públicas.

Con esta decisión, el Estado queda habilitado para solicitar el pago de una eventual reparación civil en caso de que la exfuncionaria sea encontrada culpable de los delitos que se le imputan, entre ellos tráfico de influencias agravado y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.

La medida fue adoptada por el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley, quien declaró fundada la solicitud presentada por la Procuraduría, al considerar que cumple con los requisitos establecidos en el Código Procesal Penal. De esta manera, la entidad podrá participar activamente en el proceso en defensa de los intereses del Estado.

Según la tesis fiscal, los hechos materia de investigación se remontan al periodo en el que Chávez se desempeñó como congresista y posteriormente como titular de los ministerios de Cultura y de Trabajo y Promoción del Empleo. En ese contexto, habría favorecido la contratación de familiares de su entonces pareja, Abel Sotelo, en diferentes cargos dentro del aparato estatal.

Entre los casos observados figura la contratación de Marco y Flor Sotelo como asistente y auxiliar en su despacho congresal. Asimismo, el Ministerio Público sostiene que la ex primera ministra habría influido en la incorporación de Marco Sotelo en la Red Asistencial Tacna de EsSalud, así como en la designación de Antonio Sotelo, padre de su expareja, como intendente regional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) en Puno.

La investigación está a cargo de la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, que ha declarado el caso como complejo y fijado un plazo de ocho meses para el desarrollo de las diligencias.

Cabe recordar que Chávez ya fue condenada en diciembre de 2025 a más de 11 años de prisión por el delito de conspiración para rebelión, en el marco del proceso por el intento de golpe de Estado ocurrido el 7 de diciembre de 2022.

Actualmente, la exjefa del Gabinete permanece asilada en la residencia de la Embajada de México en Lima, tras recibir asilo diplomático por parte del gobierno de ese país. Su situación jurídica continúa en evaluación, mientras avanzan los procesos en su contra en el sistema de justicia peruano.