Por Carlos Meneses

Este proceso electoral representa una oportunidad para reafirmar el compromiso colectivo con la transparencia y la legalidad. Más allá de las diferencias políticas, el respeto a las reglas del juego democrático debe ser un punto de encuentro. Solo así será posible garantizar elecciones limpias, cuyos resultados reflejen verdaderamente la voluntad del pueblo y contribuyan a la estabilidad del país.

A pocos días de las Elecciones Generales 2026, la advertencia del Ministerio Público del Perú no solo es oportuna, sino necesaria en un contexto donde la confianza ciudadana en las instituciones enfrenta constantes desafíos. Recordar que los delitos electorales pueden ser sancionados con penas de hasta 10 años de prisión no debe interpretarse como una amenaza aislada, sino como un mensaje firme de defensa del sistema democrático. El voto es uno de los derechos fundamentales más importantes, y cualquier intento de manipularlo o vulnerarlo atenta directamente contra la voluntad popular.

Las prácticas ilícitas como la compra de votos, la suplantación de electores o la coacción para influir en la decisión ciudadana no son hechos menores ni tolerables. Son expresiones de una cultura política que debilita la institucionalidad y perpetúa la desigualdad. En particular, la manipulación de material electoral o la perturbación del proceso representan riesgos mayores, ya que pueden distorsionar los resultados y generar conflictos posteriores. Por ello, la severidad de las sanciones establecidas en el marco legal responde a la necesidad de disuadir estas conductas y preservar la legitimidad del proceso.

Sin embargo, el éxito de estas medidas no depende únicamente de la acción fiscalizadora. La ciudadanía cumple un rol esencial como vigilante activa de la democracia. Denunciar irregularidades, respetar las normas y ejercer el derecho al voto de manera consciente son actos que fortalecen el sistema. En ese sentido, el despliegue de más de 6 000 fiscales a nivel nacional es una señal positiva, pero también un recordatorio de que la responsabilidad es compartida entre autoridades y ciudadanos.