Mientras aún estamos a la espera de la confirmación de quiénes serán finalmente los dos candidatos que disputen la segunda vuelta presidencial, resulta importante discutir algunos de los principales aspectos que deben abordarse como política pública para orientar al país hacia el desarrollo, y que deberían formar parte central del debate político de cara a las elecciones del 7 de junio.

Uno de los grandes desafíos que enfrentará la próxima administración será reducir la pobreza a través de un crecimiento económico sostenido. Entre 2006 y 2019, el PBI del Perú creció de manera constante e, incluso, en algunos años, a tasas superiores al 6%. Esto permitió una reducción de la pobreza de 49.1% a 20.2%.

No obstante, a partir de la pandemia, esta tendencia cambió. Tras la contracción económica provocada por la crisis (–10.9%), la economía creció 13.4% en 2021 (efecto rebote), 2.8% en 2022, decreció 0.4% en 2023, se recuperó en 2024 con una tasa de 3.5% y, finalmente, en 2025 creció 3.4%. Con este nivel de volatilidad, no sorprende que la pobreza se haya mantenido en 27.6% en 2024, aún 7.4 puntos porcentuales por encima del nivel registrado en 2019 (20,2%). De hecho, países como Chile, Colombia y México ya registraban en 2024 niveles de pobreza inferiores a los observados en 2019, lo que evidencia que el Perú aún no ha sido capaz de revertir completamente los efectos adversos de la pandemia, en términos de pobreza.

Así, en los últimos años, la recuperación del crecimiento económico no ha estado acompañada de una reducción proporcional de la pobreza, debido, entre otras razones, a la ineficiencia del Estado para promover el desarrollo. Por tanto, los candidatos deberían incluir en sus propuestas para esta segunda vuelta, cómo planean sostener tasas de crecimiento económico constantes que permitan reducir la pobreza, como ocurrió en el pasado.

Cabe resaltar que, desde 2019 y durante todo el periodo pospandemia, el país ha atravesado una etapa de alta inestabilidad política, lo que ha además ha afectado la eficiencia del gasto público. En 2025, el presupuesto público fue de S/ 272 451 millones, un 19.5% más que en 2021 (equivalente a S/ 44 519 millones adicionales). En ese mismo periodo, la pobreza no ha logrado retornar a niveles prepandemia; además, los índices de inseguridad ciudadana se han agravado notoriamente (los homicidios pasaron de 1 416 en 2021 a 2 228 en 2025) y el porcentaje de estudiantes de cuarto de primaria con nivel satisfactorio de aprendizaje en matemáticas también se mantiene por debajo de los niveles previos a la pandemia (29.5% en 2024, frente a 34% en 2019).

Así, el segundo reto del nuevo Gobierno será definir cómo orientará el presupuesto público para atender de manera efectiva los problemas que enfrenta el país, como educación, seguridad ciudadana y otros sectores. Esto implicará, inevitablemente, frenar el crecimiento del gasto en planilla y redirigir esos recursos hacia intervenciones más eficaces para la ciudadanía.

Finalmente, un tercer desafío es que el próximo Gobierno logre recuperar la fortaleza fiscal del país frente a un Congreso que no ha dejado de generar gasto público, en la mayoría de los casos con la indiferencia e incluso la aprobación del Poder Ejecutivo. De acuerdo con cifras del Consejo Fiscal, entre agosto de 2021 y el 18 de octubre de 2025 se aprobaron 229 leyes con impacto fiscal negativo, de las cuales 181 incrementan el gasto público (a pesar de que los parlamentarios no tienen iniciativa de gasto según la Constitución), concentrándose principalmente en remuneraciones, pensiones y la creación de nuevas obligaciones para el Estado.

De estas 229 leyes, 91 fueron aprobadas por insistencia del Congreso (es decir, previamente observadas por el Ejecutivo), mientras que 138 —más del 60%— no recibieron ninguna objeción. Esta dinámica se ha mantenido en los gobiernos de transición de José Jerí y José María Balcázar, por lo que, en la práctica, el Ejecutivo ha adoptado una postura permisiva frente al comportamiento fiscal del Congreso, poniendo en riesgo las finanzas públicas del país. En ese contexto, el próximo Ejecutivo también tendrá la responsabilidad de frenar esta dinámica y, en caso el Congreso bicameral continúe aprobando normas con impacto fiscal negativo, deberá presentar demandas de inconstitucionalidad.

En un escenario altamente politizado, al que nos enfrentaremos independientemente de quiénes logren el pase a la segunda vuelta, no debemos perder de vista qué debemos exigir a nuestros candidatos. El próximo Ejecutivo tendrá la responsabilidad de reorientar al país hacia una senda de crecimiento sostenido, reducción de la pobreza, mayor eficiencia del Estado y recuperación de la fortaleza fiscal. Por ello, como ciudadanía, debemos estar atentos a las propuestas de los candidatos y a cómo planean conducirnos en esa dirección.