Fiscalía sostiene que el menor de siete años fue retirado del hospital Goyeneche y llevado a un local particular en Yanahuara que no tenía licencia municipal ni autorización sanitaria. En la inspección se hallaron medicamentos vencidos, abiertos y a medio usar.

FISCALÍA IMPUTA HOMICIDIO CON DOLO EVENTUAL

Gustavito, un niño de siete años que debía ser operado por una fractura en la muñeca derecha, murió en una clínica clandestina de Yanahuara donde las autoridades hallaron medicamentos vencidos, abiertos y a medio usar. Por este caso, la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa solicitó nueve meses de prisión preventiva contra los médicos Alex Limache Centeno y Gonzalo Delgado Zegarra.

Según la tesis fiscal, el menor fue llevado inicialmente por sus padres al hospital Goyeneche tras sufrir una caída. Allí fue evaluado por el traumatólogo Alex Limache Centeno, quien habría diagnosticado la fractura y dispuesto su hospitalización para realizar los exámenes preoperatorios necesarios antes de una intervención quirúrgica.

La investigación sostiene que esos exámenes no llegaron a practicarse porque el médico habría inducido a los padres a retirar al niño del hospital y trasladarlo a su clínica particular Traumacare Salud, en Yanahuara. El argumento habría sido que en el hospital las operaciones dependían de ciertos días y de la disponibilidad de sala, versión que luego habría sido descartada por el propio nosocomio.

El menor fue ingresado a una denominada sala de cirugía del establecimiento privado, donde falleció minutos después. Para el Ministerio Público, las condiciones del local, la falta de evaluación preoperatoria y el uso o almacenamiento de medicamentos vencidos son elementos centrales para determinar si los investigados expusieron al niño a un riesgo grave y evitable.

Durante la inspección, las autoridades encontraron medicamentos vencidos cerca de la camilla donde fue atendido Gustavito. También se halló la historia clínica del menor en blanco, lo que para la Fiscalía evidenciaría que no se habría realizado un adecuado riesgo quirúrgico ni registrado información médica esencial antes del procedimiento.

El local funcionaba sin licencia municipal, sin autorización de la Superintendencia Nacional de Salud y sin habilitación de la Dirección Regional de Salud para prestar servicios médicos. Además, carecía de protocolos de atención, emergencia e intervención quirúrgica, condiciones indispensables para cualquier establecimiento donde se realicen procedimientos invasivos.

La Fiscalía atribuye a Limache Centeno y Delgado Zegarra la presunta comisión del delito de homicidio con dolo eventual, en concurso real con el delito de comercialización de productos vencidos. Esta calificación parte de la hipótesis de que los médicos habrían conocido los riesgos de atender al menor en esas condiciones, pero aun así continuaron con el procedimiento.

El caso ha generado indignación en Arequipa porque el niño llegó al sistema de salud por una fractura y terminó falleciendo en un establecimiento que, según la investigación, no tenía garantías legales ni sanitarias para operar. La familia espera que el proceso determine responsabilidades y esclarezca por qué el menor fue retirado de un hospital público para ser atendido en un local informal.

La investigación también abre una alerta sobre el funcionamiento de consultorios y clínicas privadas sin autorización en la ciudad. El control de estos locales no puede depender únicamente de denuncias posteriores, sino de una fiscalización preventiva que impida que establecimientos sin condiciones mínimas atiendan pacientes y realicen procedimientos médicos.