Por: Roxana Ortiz A.

Ayer se llevó a cabo la audiencia para determinar si es que a la ex gobernadora Yamila Osorio Delgado, se le dictaba el impedimento de salida del país, luego que el Ministerio Público a través del Equipo Especial Lava Jato, investigará su presunto liderazgo en una organización criminal a través de la cual se habría cobrado sobornos a la empresa que llevó a cabo la obra de la variante de Uchumayo en el Tramo III.

EX GOBERNADORA PARTICIPÓ DE AUDIENCIA VIRTUALMENTE

La audiencia con restricciones e impedimento de salida del país fue presidida por el juez del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, Jhon Pillaca Valdez, a la cual también se unió vía virtual la ex gobernadora Yamila Osorio Delgado, quien negó todas las acusaciones en su contra.

Fue el fiscal Germán Juárez, integrante del equipo especial Lava Jato, quien inició una investigación preliminar a la exgobernadora regional por presuntos pagos ilícitos de la empresa ICCGSA, a cambio de la suscripción del contrato de la millonaria obra, en el tercer tramo de la Variante de Uchumayo. Según la resolución fiscal, habría cometido los presuntos delitos de organización criminal, colusión agravada y cohecho pasivo propio.

Para ello contó con dos colaboradores eficaces, quienes informaron cómo se habría coordinado los pagos para obtener la buena pro de dicha obra. Su ejecución fue convocada por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) a pedido del GRA, habiendo solicitado a la empresa ganadora de la buena pro, ICCGSA, la suma de 2 millones de soles para suscribir el contrato, dinero que fue entregado a lo largo de la ejecución del proyecto por Carlos Zariquiey (de ICCGSA), quien cumplió con dar parte de lo pactado, 450 mil, efectuado en distintas entregas.

En la investigación también están incluidos Fernando Castillo Dibós y Rafael Granados, dueño y gerente de ICCGSA, respectivamente.

Esta obra se convocó en octubre del 2015 y el 18 de noviembre, la OIM comunicó a ICCGSA que había sido precalificada para el proyecto. El otro postor fue el Consorcio Mota Engil, conformado por las empresas Mota Engil Perú y Mota EngilEngenharia e Construcao Sucursal del Perú.

Según narró el colaborador eficaz, entre la primera semana de diciembre del 2015, Zariquiey le contó a Rafael Granados que lo había buscado una persona que dijo ser primo de Osorio, de nombre Edgar y que habría sido enviado por la autoridad regional. Les indicó que para que proceda la oferta de la empresa, cuyo visto bueno tendría que dar el GRA; se requería el pago de 2 millones de soles.

Agregó que los empresarios respondieron que se trataba de una cifra muy alta, pero que sin embargo consultaron con Fernando Castillo Dibós y se acordó aceptar la exigencia para no perder el contrato.

En la audiencia que se llevó a cabo ayer, la ex autoridad regional negó todas las acusaciones, señalando que los empresarios están buscando sorprender al juez con una serie de mentiras. “Quién en su sano juicio, sin más exigencia acepta tratos con una persona que solo dijo que era su primo y deciden un acuerdo, lo cual nunca ocurrió, porque no envió a nadie”, justificó.

El 16 de diciembre del 2015, días después de la adjudicación, se firmó el contrato y el GRA pagó el adelanto como se acordó en el contrato. A partir de ello, según los aspirantes, la empresa empezó a “recibir presiones” de los allegados al GRA para que cumplan con los compromisos, llegando a entregar 450 mil soles, en distintas fechas.

También se señala en la carpeta fiscal que Yamila Osorio realizó una visita a las oficinas de ICCGSA en Lima, para informar sobre el avance de la obra y luego se habrían reunido en un restaurante de Larcomar, donde supuestamente exigió conversar a solas con Castillo Dibós, pidiendo a sus acompañantes que los dejaran solos. Allí habría informado sobre el avance de la obra y también le reclamó que no se estaba cumpliendo con el pacto.

Según Osorio, se reunió varias veces con los empresarios, tanto en Lima como en Arequipa, porque estaba preocupada por los constantes retrasos que tenía la obra; pero que nunca acudió a la empresa y para ello deben estar los registros.

Posteriormente se resolvió el contrato con la empresa, según los colaboradores, porque no se habría cumplido con el pacto; pero de acuerdo a la ex gobernadora, se resolvió el contrato por no haber cumplido con el cronograma de obras, porque estaba retrasada y la denuncia de los empresarios, no es más que una venganza, debido a que le ejecutaron una carta fianza por 30 millones de soles.

Indicó que con ese dinero se logró pagar a los trabajadores, proveedores y se culminó la obra. “Si la resolución del contrato no fue legal, entonces por qué no accionaron a través de la vía judicial, si estaban en todo su derecho”, se defendió.

También la Fiscalía le cuestionó que cuando finalizó su gestión, acudió a una entidad bancaria a depositar 220 mil soles en una cuenta y en otra 30 mil. Informó que como gobernadora al año ganaba 168 mil soles.

Luego de esta audiencia, el Fiscal indicó que la decisión final, sobre su impedimento o no de su salida del país, sería notificada a cada una de las casillas electrónicas de los abogados.