Por: Carlos Meneses

Arequipa enfrenta un punto de inflexión. Si no se destraban los proyectos y no se corrigen las fallas estructurales del sector, el riesgo es que la caída del cobre se prolongue y termine comprometiendo el desarrollo regional. La minería sigue siendo clave, pero necesita condiciones que le permitan avanzar. Sin ellas, el estancamiento dejará de ser una advertencia para convertirse en una realidad.

La persistente caída en la producción de cobre en Arequipa ha dejado de ser una fluctuación pasajera para convertirse en una advertencia clara sobre el rumbo de su economía. En una región donde la minería representa uno de los principales motores productivos, el descenso sostenido del sector plantea serias interrogantes sobre la capacidad de mantener el crecimiento y el empleo en los próximos años.

Las cifras son elocuentes. Durante el primer bimestre de 2026, la producción cuprífera registró una nueva contracción, confirmando una tendencia negativa que se arrastra desde 2024. Más allá de los porcentajes, lo preocupante es el patrón: tres años consecutivos de retroceso en la principal actividad económica regional. Esto no solo implica menor producción, sino también un impacto directo en ingresos fiscales, inversión privada y generación de empleo.

Arequipa no es cualquier región minera. Su alta dependencia del cobre la convierte en especialmente vulnerable a cualquier enfriamiento del sector. Cuando la minería se desacelera, el efecto se multiplica en otros rubros, desde servicios hasta comercio. Por ello, la actual coyuntura no debe leerse como un episodio aislado, sino como un síntoma de problemas más profundos.

En este contexto, resulta inevitable mirar hacia los proyectos que podrían revertir esta situación. Sin embargo, lejos de avanzar, las principales iniciativas permanecen entrampadas. Tía María y Zafranal, llamadas a dinamizar la economía regional, siguen sin concretarse. Ambas representan una parte sustancial de la cartera minera de Arequipa y tienen el potencial de elevar significativamente la producción de cobre, además de generar miles de empleos directos e indirectos.

El problema no es solo su paralización, sino lo que esta refleja: un entorno donde las inversiones enfrentan trabas constantes, incertidumbre regulatoria y conflictos sociales que no logran resolverse de manera oportuna. La demora en la ejecución de estos proyectos no solo posterga beneficios económicos, sino que también envía un mensaje preocupante a futuros inversionistas.

A ello se suma un factor que no puede ignorarse: la expansión de la minería ilegal. Esta actividad erosiona la competitividad del sector formal, genera graves impactos ambientales y debilita la percepción pública de la minería en su conjunto. Su avance agrava aún más un escenario ya complejo.

Frente a este panorama, la respuesta no puede ser la inacción. Se requiere una estrategia clara que combine agilidad en los procesos administrativos, reglas de juego estables y una gestión más efectiva de los conflictos sociales. La coyuntura electoral abre una oportunidad para plantear soluciones concretas, pero el desafío es convertirlas en políticas sostenibles.