La Junta Nacional de Justicia (JNJ) resolvió destituir al fiscal superior Franklin Jaime Tomy López, quien fue presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Arequipa, al encontrarlo responsable de una falta muy grave vinculada a retrasos en la tramitación del caso “Cuellos Blancos del Puerto”, uno de los procesos más relevantes sobre presunta corrupción en el sistema judicial peruano.

Según la resolución del organismo, Tomy López incurrió en dilaciones injustificadas al no presentar oportunamente la acusación formal en una investigación que tenía a su cargo cuando se desempeñaba en la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos. En dicho despacho asumió funciones como fiscal supremo en julio de 2022.

La investigación preparatoria de este caso concluyó en mayo de ese mismo año; sin embargo, el requerimiento acusatorio fue presentado recién en septiembre de 2024, generando un retraso superior a los dos años. Este hecho fue considerado determinante por la JNJ para imponer la máxima sanción administrativa.

A ello se suma que el documento no fue ingresado correctamente ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria sino hasta después de diciembre de 2025, lo que prolongó aún más el proceso y afectó su avance. Para la JNJ, estas acciones evidencian una falta de diligencia incompatible con la responsabilidad del cargo.

El caso “Cuellos Blancos del Puerto” investiga una presunta red de corrupción que habría operado en el sistema de justicia, incluyendo el direccionamiento en la designación de jueces superiores a cambio de beneficios indebidos. Entre los principales implicados figura el exjuez supremo César Hinostroza, así como el expresidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos.

La decisión de la JNJ subraya la importancia de garantizar que los procesos judiciales, especialmente aquellos de alto impacto, se desarrollen dentro de plazos razonables. La demora en este tipo de investigaciones no solo debilita el sistema de justicia, sino que también afecta la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de sancionar la corrupción.

Con esta medida, el organismo reafirma su rol de supervisión y control disciplinario sobre jueces y fiscales, destacando que la eficiencia y el cumplimiento de los plazos son elementos esenciales en la administración de justicia. La destitución de Tomy López se suma así a otras acciones orientadas a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas dentro del sistema judicial peruano.