El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, señaló que los funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) que resulten responsables por presuntas irregularidades en la organización de las Elecciones Generales 2026 podrían enfrentar imputaciones penales, en caso se compruebe negligencia o conductas dolosas.

Durante declaraciones a un medio local, Gálvez indicó que existían advertencias previas sobre posibles inconvenientes en el proceso electoral, incluso comunicadas por la Contraloría. En ese sentido, sostuvo que los altos funcionarios de la ONPE, incluidos jefes y gerentes, tenían la obligación de adoptar medidas para prevenir estas situaciones.

“El hecho de que conocieran los riesgos y no hayan actuado podría configurar no solo negligencia grave, sino incluso dolo”, explicó el fiscal, al señalar que habría existido una actitud de indiferencia frente a problemas que podían afectar el normal desarrollo de los comicios.

Las investigaciones comprenden a diversos servidores de la entidad electoral, entre ellos el exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, quien recientemente renunció al cargo. Sin embargo, Gálvez precisó que hasta el momento no se ha recibido ningún pedido de detención en su contra.

El titular del Ministerio Público informó que las pesquisas no solo se centran en posibles delitos electorales, sino también en la eventual comisión de delitos de corrupción, como colusión ilegal. Este último caso estaría relacionado con presuntas irregularidades en la adjudicación del servicio de transporte electoral a la empresa Gálaga.

Asimismo, detalló que todas las denuncias han sido acumuladas en una sola investigación, la cual está a cargo de la Fiscalía Anticorrupción. Esta instancia ha sido reforzada con mayor número de fiscales y personal especializado, con el objetivo de acelerar las diligencias y garantizar un análisis exhaustivo de los hechos.

El fiscal de la Nación subrayó que el Ministerio Público actuará con firmeza para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades. En ese contexto, remarcó la importancia de asegurar la transparencia en los procesos electorales y de sancionar cualquier conducta que haya puesto en riesgo su integridad.