LEY MINERA. El Gobierno argentino ha alegado que esta modificación a la Ley de Glaciares era necesaria para contribuir al desarrollo económico del país a través del impulso a la minería, sector que ahora mismo registra fuertes inversiones, principalmente en litio, cobre y oro.

La nueva ley, cuyo debate fue impulsado por el Gobierno, otorga a las provincias la potestad de determinar las zonas periglaciales (cercanas a los glaciares) en las que se pueden permitir las actividades mineras.

La norma modifica la Ley de Glaciares aprobada en 2010 en Argentina, pionera en Latinoamérica y que establece la protección de los glaciares y del ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua.

El Gobierno ha alegado que esta modificación a la Ley de Glaciares era necesaria para contribuir al desarrollo económico del país a través del impulso a la minería, sector que ahora mismo registra fuertes inversiones, principalmente en litio, cobre y oro..

Las empresas mineras sostienen que no todos los ambientes periglaciales constituyen «reservas estratégicas de recursos hídricos» a ser protegidas y que una evaluación, caso por caso, por parte de las provincias podría habilitar proyectos productivos en áreas cercanas a los glaciares «sin función hídrica relevante».

La discusión de esta ley desató una fuerte reacción de rechazo entre organizaciones ambientalistas, que advierten que están en juego importantes reservas de agua y que no se puede permitir que los intereses de empresas privadas se sobrepongan frente a los derechos colectivos a un ambiente sano, consagrados en la Constitución nacional de Argentina.

En Argentina no existe un registro nacional de proyectos mineros en ambientes glaciales y periglaciales, pero los ambientalistas coinciden en que muchas áreas de concesión minera afectan o pueden afectar los glaciares y sus zonas adyacentes.

El Gobierno de la provincia argentina de La Pampa (centro) presentó el 9 de abril ante la Justicia un amparo colectivo contra la reforma de la ley de protección de glaciares en el que plantea la «inconstitucionalidad y la nulidad absoluta» de la norma impulsada por el Ejecutivo de Milei.