La presión de los gobiernos locales por mayores recursos para ejecutar obras públicas continúa en aumento. El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Rodolfo Acuña, informó que la demanda de financiamiento por parte de alcaldes a nivel nacional supera los 7 000 millones de soles, principalmente para culminar proyectos de infraestructura que quedaron inconclusos.

Durante su presentación ante el Congreso de la República del Perú, el ministro señaló que esta situación responde a una acumulación de proyectos que fueron iniciados en años anteriores con presupuestos parciales, lo que ha generado retrasos y dificultades para su finalización. “La demanda de inversión pública que tengo, solamente de gobiernos locales, asciende a más de S/ 7 000 millones”, precisó.

Este escenario ya había sido advertido meses atrás por la exministra Denisse Miralles, quien calificó la situación de la inversión pública como una “emergencia nacional”. Según indicó, más de 12 500 obras en todo el país carecen de presupuesto para su culminación, generando una brecha de aproximadamente S/ 21 000 millones en los tres niveles de gobierno.

Ante este panorama, el Ejecutivo ha adoptado una estrategia centrada en priorizar la finalización de obras antes de iniciar nuevos proyectos. Acuña explicó que el Estado enfrenta una disyuntiva clara: cerrar proyectos en ejecución o continuar ampliando la cartera de nuevas iniciativas sin garantizar su culminación.

En esa línea, el MEF viene implementando medidas para reasignar recursos hacia proyectos con mayor nivel de avance, buscando que estos puedan entrar en funcionamiento en el corto plazo y generar beneficios directos para la población. Como parte de estas acciones, el Gobierno ya aprobó un crédito suplementario cercano a los S/ 420 millones destinado a gobiernos regionales y municipales.

Asimismo, el ministro adelantó que en las primeras semanas de mayo se presentará una propuesta de ampliación del presupuesto público 2026, con el objetivo de atender progresivamente las demandas de los gobiernos locales. La meta es reducir el número de obras paralizadas y mejorar la eficiencia del gasto público.

De esta manera, el Ejecutivo busca enfrentar el déficit en infraestructura y garantizar que las inversiones realizadas se traduzcan en servicios concretos para la ciudadanía.