Por Jorge Turpo R.

La Fiscalía y la defensa se opusieron a la modificación, por lo que el proceso continuará bajo la acusación inicial. Pese a estar en su etapa final, el caso se prolonga y la próxima audiencia fue fijada para el 5 de mayo.

JUECES DESISTIERON DE CAMBIO EN TIPIFICACIÓN  DE DELITO

El juicio oral contra el congresista por Arequipa, Edwin Martínez Talavera, volvió a postergarse en medio de una nueva controversia jurídica que, lejos de acercar el proceso a su desenlace, abrió otro frente de discusión.

En la última audiencia, realizada ayer de manera virtual, el Segundo Juzgado Penal Colegiado de Arequipa planteó la posibilidad de variar el tipo penal del caso, pasando de lavado de activos a enriquecimiento ilícito. La propuesta, sin embargo, terminó siendo descartada tras la oposición de las partes.

El colegiado, presidido por el juez René Mario Castro Figueroa, explicó que el planteamiento formaba parte de una evaluación jurídica que debía recoger las posiciones de la Fiscalía y la defensa. No obstante, la iniciativa generó cuestionamientos inmediatos.

Desde el Ministerio Público, se rechazó el cambio al considerar que el delito de enriquecimiento ilícito contempla penas menores frente al lavado de activos. En esa línea, sostuvo que modificar la tipificación afectaría la gravedad de los hechos investigados y podría debilitar la acusación fiscal.

De manera coincidente, la defensa del parlamentario también se opuso a la eventual variación del delito.

Argumentó que el cambio no necesariamente favorecería a su patrocinado, ya que la pena por enriquecimiento ilícito podría alcanzar hasta los 10 años de prisión, superando los 8 años que actualmente solicita la Fiscalía por lavado de activos. Con ambas posturas en contra, el colegiado decidió desestimar la propuesta.

Así, el proceso continuará bajo la acusación inicial de presunto lavado de activos. La siguiente audiencia fue programada para el 5 de mayo a las 8:30 de la mañana.

Pese a ello, la sensación de retraso persiste. El juicio se encontraba en su etapa final, con solo dos declaraciones pendientes, lo que hacía prever una pronta resolución.

Sin embargo, la discusión sobre el tipo penal introdujo una nueva pausa en el avance del caso.

Durante la audiencia, el magistrado René Mario Castro Figueroa tomó la palabra para rechazar cualquier cuestionamiento sobre la actuación del tribunal.

Señaló que el colegiado no incurre en arbitrariedades y que su labor se rige por la búsqueda de una decisión justa, tratando al congresista como a cualquier ciudadano sometido a proceso judicial.

El caso tiene como base la acusación fiscal que señala un presunto desbalance patrimonial superior a los 700 mil soles durante la gestión de Edwin Martínez Talavera como alcalde del distrito de Mariano Melgar, entre los años 2015 y 2018.

Según el Ministerio Público, este incremento no guarda relación con los ingresos declarados por el hoy legislador.

Martínez consignó ingresos mensuales de 4 500 soles, con un pico de 12 300 soles en el 2015. Hasta ese momento, sus ahorros ascendían a apenas 200 soles. Pese a ello, durante su gestión edil se habrían realizado inversiones que superan ampliamente su capacidad económica.

La tesis fiscal sostiene que el dinero de origen ilícito fue posteriormente “blanqueado” mediante la adquisición de bienes y su transferencia a terceros cercanos. Entre los beneficiarios figuran sus hijos Braulio, Yordan y Fiorella, su expareja Sila Mogrovejo y su actual pareja, Katerin Xespe.

Uno de los puntos centrales de la investigación es la construcción de un edificio de tres pisos en el distrito de Socabaya, ejecutado en el 2017. La obra incluyó estacionamiento y piscina, y fue valorizada en más de 756 mil soles, según la pericia fiscal. Para el Ministerio Público, el lavado de dinero no se encuentra en la adquisición del terreno, sino en la edificación misma del inmueble.

Otro elemento relevante es el adelanto de herencia realizado por el entonces alcalde a favor de sus hijos, mediante el cual se habrían transferido los departamentos construidos. La Fiscalía sostiene que estos bienes no han podido ser justificados con los ingresos oficiales del investigado.

El comportamiento del congresista durante el proceso también ha sido observado. En noviembre de 2021, cuando fue interrogado sobre el origen de los inmuebles, evitó responder y se retiró de la diligencia.

En la reciente audiencia virtual, intentó intervenir sin autorización, siendo interrumpido por el juez presidente.

“Señor Martínez, le pido respeto a la sala, no está en un recinto público, veremos si le damos la palabra”, advirtió el magistrado, dejando en claro el orden del proceso.

Finalmente, no se le concedió el uso de la palabra al no corresponderle en ese momento procesal.

El Ministerio Público ha solicitado 8 años de pena privativa de libertad y 120 días multa para el legislador, así como la misma pena para su entorno familiar implicado. En el caso de su amigo David Cáceres, la acusación plantea 4 años de prisión y 80 días multa.

A pesar de estar en su tramo final, el juicio continúa entrampado en decisiones que prolongan su desenlace. Cada audiencia suma expectativas, pero también nuevas interrogantes sobre cuándo se emitirá una sentencia en uno de los casos más sensibles que involucran a una autoridad elegida por voto popular en Arequipa.