La exfiscal de la Nación, Delia Espinoza podría ser obligada a pagar una reparación civil al Estado en caso de ser hallada culpable en el proceso que se le sigue por presuntos delitos de prevaricato, abuso de autoridad y otros ilícitos vinculados al ejercicio de sus funciones.

El juez supremo provisional Juan Carlos Checkley admitió el pedido de la Procuraduría General del Estado para constituirse como actor civil en este caso, lo que permitirá al Estado solicitar una indemnización económica si se determina responsabilidad penal. La decisión fue formalizada mediante una resolución emitida el pasado 21 de abril.

La investigación contra Espinoza se encuentra en etapa preparatoria y está relacionada con la elaboración y revisión del Reglamento de Actuación Fiscal en la Investigación del Delito, el cual, según las acusaciones, habría sido aplicado en contravención a una ley vigente. Este hecho motivó que el Congreso de la República aprobara una acusación constitucional en su contra, la cual fue derivada al Ministerio Público para las acciones legales correspondientes.

De acuerdo con información difundida, el magistrado consideró que la solicitud presentada por la defensa del Estado cumple con los requisitos establecidos en el Código Procesal Penal, lo que habilita su participación en el proceso judicial como parte agraviada.

En el marco de las diligencias, el juez Checkley programó para el próximo 6 de mayo una audiencia virtual en la que se evaluará un recurso presentado por la defensa de Espinoza. Dicho recurso busca declarar improcedente la acción penal y archivar la investigación, bajo el argumento de que los hechos imputados no constituyen delito según el Código Penal.

Actualmente, Espinoza también se desempeña como decana del Colegio de Abogados de Lima, desde donde ha sostenido su posición de rechazo a las acusaciones en su contra.

El proceso continúa en desarrollo y será el Poder Judicial el encargado de determinar si existen responsabilidades penales. De confirmarse una eventual condena, además de las sanciones correspondientes, se establecería el pago de una reparación civil en favor del Estado peruano.