Por: Carlos Meneses

En el distrito de Uchumayo, donde los recursos del canon minero deberían traducirse en desarrollo sostenible, servicios básicos eficientes y calidad de vida para la población, la realidad parece ir en dirección opuesta. El caso de la piscina de Congata no es solo una obra inconclusa: es el retrato de una gestión pública que ha normalizado el desperdicio millonario.

Hablar de casi 30 millones de soles invertidos en una piscina que nunca funcionó durante ocho años no es un dato anecdótico, es un escándalo estructural. Primero, más de 14 millones fueron ejecutados en una obra plagada de deficiencias técnicas, pagos irregulares y ausencia de control efectivo. Luego, en lugar de establecer responsabilidades claras o sanciones ejemplares, se opta por inyectar otros 13 millones para “corregir” lo que nunca debió fallar.

Este patrón revela un problema más profundo: en distritos con abundantes recursos, como Uchumayo, el dinero fácil del canon puede convertirse en una trampa. Cuando el presupuesto no es fruto del esfuerzo fiscal directo, sino de transferencias, la presión por gastar bien disminuye. Se prioriza ejecutar antes que planificar, construir antes que garantizar funcionamiento, inaugurar antes que servir.

La piscina de Congata es, en ese sentido, un monumento a la improvisación. Ocho años de abandono no solo deterioraron la infraestructura, sino también la confianza ciudadana. Ver espacios públicos convertidos en ruinas, mientras se anuncian nuevas inversiones millonarias, genera una sensación de impunidad difícil de ignorar.

Más preocupante aún es la repetición de riesgos. El nuevo proyecto contempla demoliciones parciales, rediseños y hasta cambios en la ubicación del vaso de la piscina, lo que evidencia que no se trata de una simple “culminación”, sino de una reconstrucción encubierta. ¿Cómo se garantiza que esta vez sí funcionará? ¿Qué mecanismos de control evitarán otro fracaso?

A ello se suma un problema clave: el agua. Pretender abastecer la piscina con un sistema que ya presenta deficiencias para la población es, como mínimo, una decisión cuestionable. El desarrollo no puede construirse sacrificando necesidades básicas.

El verdadero debate no es si Uchumayo merece una piscina. Lo merece, como cualquier distrito. El problema es cómo se llega a ella. Cuando el costo final bordea cifras desproporcionadas y el proceso está marcado por errores reiterados, lo que debería ser un símbolo de progreso termina siendo un recordatorio de mala gestión.

Hoy, más que celebrar la reactivación del proyecto, corresponde exigir transparencia, fiscalización y responsabilidad. Porque en un distrito millonario por canon, el lujo no debería ser gastar, sino gestionar bien.