El Ministerio Público solicitó al Poder Judicial ampliar el plazo de la investigación preparatoria contra el expresidente Ollanta Humala y otros implicados por los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en la base militar de Madre Mía, en la región San Martín, durante la década de 1990.

La medida fue presentada el pasado 22 de mayo por la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad, instancia que investiga a Humala, al exsuboficial del Ejército Amílcar Gómez y a otros tres militares por los presuntos delitos de homicidio calificado y desaparición forzada.

De acuerdo con la tesis fiscal, los hechos ocurrieron cuando Ollanta Humala estuvo a cargo de la base militar de Madre Mía en el marco de la lucha contrasubversiva. La investigación comprende el presunto homicidio de Edgardo Isla Pérez y Nemer Acuña Silva, así como la desaparición forzada de Luis Alberto Izaguirre Prieto, Nelson Hoyos Sagástegui, Hermes Estela Vásquez y Yandel Leandro Zúñiga.

El Ministerio Público señaló que requiere más tiempo para concluir diversas diligencias pendientes consideradas necesarias para el esclarecimiento del caso. La solicitud también responde a que el plazo inicial de ocho meses de investigación preparatoria, declarado como proceso complejo, venció el pasado 24 de mayo.

El pedido será evaluado por el juez Jorge Chávez Tamariz durante una audiencia virtual programada para el lunes 1 de junio. En dicha sesión participarán representantes de la Fiscalía y las defensas de los investigados.

Actualmente, Ollanta Humala cumple una condena de 15 años de prisión en el penal de Barbadillo, ubicado en Ate, luego de haber sido sentenciado por el delito de lavado de activos relacionado con aportes ilícitos a sus campañas presidenciales.

El caso Madre Mía ha permanecido durante varios años en investigación y ha sido uno de los procesos judiciales más polémicos vinculados a presuntas violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en el Perú. La Fiscalía busca determinar responsabilidades penales sobre las denuncias de ejecuciones y desapariciones registradas en dicha base militar.