El magistrado Helder Domínguez Haro juró como nuevo presidente del Tribunal Constitucional (TC), cargo que asumirá hasta culminar el período 2024-2026 tras la renuncia irrevocable de Luz Pacheco a la titularidad de la institución.

La ceremonia protocolar se realizó en la sede del Tribunal Constitucional, ubicada en el distrito limeño de San Isidro, y contó con la presencia de magistrados y personal administrativo del organismo.

Entre las autoridades asistentes estuvieron Pedro Hernández Chávez, presidente de la Primera Sala del TC, y Francisco Morales Saravia, magistrado decano y expresidente de la institución.

Hasta antes de asumir la presidencia, Domínguez Haro se desempeñaba como vicepresidente del Tribunal Constitucional y presidente de la Segunda Sala.

Durante su discurso oficial, el nuevo titular del TC señaló que asume el cargo en cumplimiento del mandato de sucesión legal y destacó que su gestión estará basada en el trabajo colegiado y la gobernabilidad constitucional.

Asimismo, remarcó que buscará fortalecer el diálogo interno entre los magistrados y promover consensos en la toma de decisiones dentro del máximo intérprete de la Constitución.

“No aceptaré prejuicios ni ruidos internos”, expresó durante su intervención.

Uno de los principales objetivos anunciados por Domínguez Haro será reducir la carga procesal que actualmente afronta el Tribunal Constitucional. Según precisó, existen 8 mil 104 expedientes pendientes de resolución, situación que representa uno de los mayores desafíos de la institución.

El magistrado indicó que se potenciará la labor jurisdiccional para agilizar los procesos y garantizar respuestas oportunas a los ciudadanos que recurren al TC para resolver controversias constitucionales.

Además, sostuvo que las decisiones del organismo deberán mantenerse alejadas de posiciones populistas y responder estrictamente a criterios constitucionales y jurídicos.

La designación de Domínguez Haro ocurre en un contexto de alta atención pública sobre las decisiones del Tribunal Constitucional, institución clave en la resolución de conflictos vinculados a derechos fundamentales, competencias del Estado y procesos políticos.

Con esta juramentación, el magistrado encabezará el máximo órgano de control constitucional del país hasta el final del actual periodo institucional.