El servicio ilegal de las minivans, popularmente denominadas «loncheritas», se ha convertido en un problema de difícil solución para la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA). Pese a los intentos por erradicarlas, estas unidades continúan circulando por las arterias principales, evidenciando una crisis estructural en la movilidad urbana que las gestiones municipales, tanto pasadas como la actual, no han logrado mitigar de manera efectiva.

La persistencia de este fenómeno responde, en gran medida, a una demanda social insatisfecha. Un sector considerable de la población exige la presencia de estas unidades ante la alarmante ausencia de buses del Sistema Integrado de Transporte (SIT) en horarios nocturnos. A partir de las 21:00 horas, el servicio formal desaparece, dejando a los ciudadanos sin alternativas viables de retorno a sus hogares.

En zonas críticas como el Cono Norte, donde reside una gran densidad poblacional, la dependencia de las «loncheritas» es casi absoluta. «Después de las 20:00 horas ya no hay buses grandes y tenemos que viajar en las minivans porque no tengo para pagar un taxi», relató un poblador, subrayando que el costo de dos soles por pasaje urbano, aunque informal, resulta más accesible que un servicio privado, taxi.

Sin embargo, detrás de esta «solución» inmediata se esconde un severo problema de orden público. La proliferación de estas minivans impacta negativamente en la seguridad vial de Arequipa, inclusive no son seguras para los pasajeros, generando un caos constante. Los conductores suelen estacionarse en lugares prohibidos y bloquear vías principales a la espera de pasajeros, incrementando la congestión y el riesgo de atropellos mortales.

La informalidad es el sello distintivo de este servicio. La mayoría de estas unidades operan sin la documentación reglamentaria y carecen de las condiciones técnicas mínimas exigidas por ley. Esta falta de control no solo pone en riesgo la integridad física de los usuarios ante posibles fallas mecánicas, sino que desvincula al transportista de cualquier responsabilidad legal en caso de siniestros.

A esto se suma la creciente inseguridad ciudadana en los paraderos informales. Las aglomeraciones generadas en estos puntos son aprovechadas por delincuentes para cometer robos y hurtos al paso. Lo que comienza como una espera por transporte termina, en muchos casos, convirtiéndose en un escenario de vulnerabilidad para el pasajero que no tiene otra opción de movilidad.

Las posturas frente al problema están divididas. Por un lado, comerciantes y vecinos de zonas céntricas exigen a la MPA un control riguroso y el retiro definitivo de las unidades. Su reclamo se centra en recuperar el orden y la fluidez del tránsito en áreas de alto comercio, donde la invasión de minivans ha degradado la calidad de vida urbana.

En la otra acera, los conductores y gremios informales justifican su operatividad basándose en la necesidad. Argumentan que existe una demanda real de rutas rápidas que el sistema formal no cubre y defienden su actividad como una fuente de ingresos vital ante la escasez de empleo formal en el sector Transporte de la región.

Ante este complejo escenario. El diario El Pueblo intentó comunicarse con el flamante gerente de Transporte y Movilidad Sostenible de la MPA, Yoni Alfredo Calle Cabello, para conocer su plan de acción; sin embargo, no se obtuvo respuesta alguna, dejando en el aire las dudas sobre la estrategia municipal para deslindar responsabilidades.

La realidad en las calles muestra una fiscalización insuficiente. La presencia de inspectores de la MPA y efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) resulta esporádica y superada por el volumen de la informalidad. Mientras el SIT no garantice cobertura total y horarios extendidos, las «loncheritas» seguirán siendo el mal necesario de una ciudad que no deja de crecer desordenadamente.