El Poder Judicial autorizó la participación de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción como actor civil en la investigación que se sigue contra dos exasesores de la congresista de Perú Libre, María Agüero, por el presunto recorte irregular de remuneraciones a trabajadores de su despacho parlamentario.

VINCULADOS AL DESPACHO DE CONGRESISTA AGÜERO

La decisión fue adoptada por el juez Abel Centeno, quien declaró procedente el pedido formulado por la defensa jurídica del Estado, permitiéndole intervenir en el proceso penal en representación de los intereses públicos y reclamar una eventual reparación económica en caso se determine responsabilidad penal de los investigados.

Los exfuncionarios comprendidos en la investigación son César de la Cruz y Edson Flores, a quienes el Ministerio Público atribuye haber participado en la recepción y recolección de dinero que habría sido descontado de los salarios de al menos 12 trabajadores vinculados al despacho congresal entre junio de 2022 y mayo de 2023.

Según la resolución judicial emitida el pasado 10 de junio, la solicitud de la Procuraduría cumplió con todos los requisitos establecidos por la legislación procesal vigente. Asimismo, ninguna de las partes involucradas presentó observaciones u objeciones dentro del plazo legal correspondiente, motivo por el cual se autorizó su incorporación al expediente.

Con esta decisión, el Estado podrá intervenir activamente durante el desarrollo de la investigación y solicitar una indemnización por los daños ocasionados. De manera preliminar, la Procuraduría ha planteado que la reparación civil no sea menor a 662 mil soles, monto que podría variar conforme avance el proceso judicial.

Las pesquisas fiscales apuntan a una presunta estructura destinada a recaudar parte de los ingresos de trabajadores contratados en el despacho parlamentario. De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público, los descuentos habrían sido efectuados de manera sistemática durante varios meses.

Actualmente, César de la Cruz permanece en España, donde afronta un proceso de extradición solicitado por las autoridades peruanas para responder ante la justicia nacional. En tanto, Edson Flores continúa sometido a investigación bajo reglas de comparecencia.

El caso también alcanza a la parlamentaria María Agüero, quien es objeto de una investigación en la Fiscalía de la Nación por los presuntos delitos de concusión y enriquecimiento ilícito. En noviembre de 2024, las autoridades ejecutaron diligencias de allanamiento tanto en su vivienda como en oficinas vinculadas a sus actividades parlamentarias.

La Fiscalía sostiene que la legisladora habría utilizado su posición como representante del Congreso para exigir o inducir a trabajadores de su despacho a entregar parte de sus remuneraciones mensuales. Estas acusaciones continúan siendo materia de investigación y deberán ser esclarecidas en las instancias judiciales correspondientes.