La Sala Penal Especial de la Corte Suprema emitió un adelanto de fallo en el que condena al expresidente del Consejo de Ministros, César Villanueva Arévalo, a cuatro años de pena privativa de la libertad efectiva por el delito de tráfico de influencias, en un proceso vinculado al caso Odebrecht.

Además de la condena principal, el tribunal impuso al exfuncionario una sanción de 300 días multa e inhabilitación por cinco años para ejercer cualquier cargo público. La decisión fue adoptada tras la evaluación de los elementos presentados durante el juicio oral y será formalizada en la lectura íntegra de la sentencia en los próximos días.

Durante la audiencia, los magistrados consideraron que Villanueva no registra antecedentes penales, cuenta con arraigo domiciliario y mostró disposición a someterse al proceso judicial, factores que fueron tomados en cuenta para la determinación de la pena.

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, el exjefe del Gabinete habría recibido presuntos pagos ilícitos relacionados con la adjudicación y ejecución del proyecto vial San José de Sisa, cuando se desempeñaba como presidente regional de San Martín. Estas transferencias habrían formado parte del esquema de corrupción atribuido a la empresa constructora Odebrecht en distintos niveles del Estado.

La Fiscalía sostuvo que estos supuestos sobornos habrían tenido como finalidad facilitar decisiones administrativas y favorecer la continuidad de la obra pública, en el marco de una red de influencias que operó en varias regiones del país durante años.

El caso de Villanueva se enmarca dentro de las investigaciones del denominado “Club de la Construcción” y el caso Odebrecht, que han involucrado a exaltos funcionarios, empresarios y autoridades regionales por presuntos actos de corrupción en la adjudicación de megaproyectos.

Con el adelanto de fallo, el proceso entra en su etapa final, a la espera de la lectura completa de la sentencia, donde se detallarán los fundamentos jurídicos de la decisión y se precisarán las condiciones de ejecución de la pena.

El fallo marca un nuevo episodio en los procesos judiciales contra exautoridades vinculadas a presuntos actos de corrupción en la administración pública, en un contexto en el que el sistema judicial continúa resolviendo casos derivados de las investigaciones por sobornos en obras públicas.