IPE PLANTEA HOJA DE RUTA

El Instituto Peruano de Economía (IPE) propuso una hoja de ruta para la reorganización integral de Petroperú, en un contexto en el que la empresa estatal acumula más de S/32 mil millones en apoyos financieros del Estado durante los últimos 14 años. La cifra evidencia, según especialistas, la urgencia de una reforma estructural que permita revertir el deterioro operativo, financiero e institucional de la petrolera.

La propuesta fue presentada durante el seminario virtual “Petroperú después de las elecciones: Hoja de ruta para no retroceder”, que reunió a especialistas del sector energético y económico. En el encuentro participaron Diego Macera, director del IPE; Anthony Laub, exsecretario general del Ministerio de Energía y Minas (MINEM); y Arturo Vásquez, exviceministro de Energía y socio de GERENS.

Durante el evento, los expertos coincidieron en que la situación actual de Petroperú no solo representa un problema empresarial, sino también un creciente riesgo fiscal para el Estado peruano. En esa línea, advirtieron que la continuidad de rescates financieros sin reformas estructurales solo profundiza la dependencia de la empresa respecto del Tesoro Público.

El IPE recordó que el proceso de deterioro se ha agravado en la última década, con una expansión significativa de la deuda financiera de la empresa, especialmente tras la construcción de la Nueva Refinería de Talara, cuyo costo final superó ampliamente su estimación inicial. Este incremento de pasivos ha impactado directamente en la sostenibilidad de la petrolera.

Uno de los puntos más críticos señalados fue la inestabilidad en la alta dirección. Entre 2021 y 2026, Petroperú registró múltiples cambios en su conducción, con un promedio de permanencia de apenas tres meses en cargos clave como la presidencia del directorio y la gerencia general. Esta situación, según los especialistas, ha debilitado la continuidad de decisiones estratégicas.

Diego Macera advirtió que la empresa ha dejado de ser únicamente un problema del sector energético para convertirse en un asunto de impacto fiscal. Según el IPE, el Estado habría destinado más de S/32 100 millones en distintos mecanismos de apoyo desde 2013, recursos que podrían haber sido destinados a servicios públicos como salud, educación o infraestructura social.

En ese sentido, el economista enfatizó que el proceso de reorganización ya cuenta con un marco inicial a través del Decreto de Urgencia N.° 010-2025, que habilita acciones para encaminar una reforma, aunque advirtió que este esfuerzo será insuficiente si no se acompaña de cambios profundos en gobernanza y gestión.

Por su parte, Anthony Laub sostuvo que el costo de oportunidad de sostener a Petroperú es elevado, ya que desvía recursos que podrían atender brechas estructurales en el país. Además, cuestionó que las medidas recientes solo hayan abordado problemas de liquidez sin resolver las causas de fondo.

Arturo Vásquez coincidió en que cualquier reestructuración debe definir con claridad el rol de la empresa estatal, incluso mediante una norma con rango de ley. Señaló que Petroperú no debería operar en condiciones de competencia directa cuando el sector privado ya garantiza el abastecimiento del mercado.

Los especialistas también remarcaron que la recuperación del sector hidrocarburos es clave para la viabilidad de cualquier reforma. En ese sentido, advirtieron que la excesiva tramitología, la incertidumbre regulatoria y la falta de inversiones limitan el desarrollo del sector energético en el país.

Asimismo, destacaron que la seguridad energética no depende exclusivamente de la existencia de una empresa estatal, sino de la infraestructura de transporte, almacenamiento y de un mercado competitivo y eficiente.

La propuesta del IPE establece cuatro ejes principales: fortalecer la gobernanza para reducir la injerencia política, reorganizar activos y patrimonio, asegurar estabilidad operativa y comercial, y promover políticas que dinamicen la inversión en hidrocarburos.

Finalmente, los expertos coincidieron en que la situación de Petroperú requiere una transformación urgente y sostenida, ya que postergar nuevamente las reformas implicaría seguir incrementando la presión sobre las finanzas públicas y limitar las posibilidades de desarrollo económico del país.