La unidad de control disciplinario de la PNP confirmó que los efectivos fueron comprendidos en procedimientos por presuntas inconductas funcionales. El reciente caso de los dos suboficiales desarmados en Hunter volvió a abrir preguntas sobre supervisión, protocolos y control interno.

La Inspectoría de la Policía Nacional confirmó que 192 efectivos fueron comprendidos en investigaciones por presuntas inconductas funcionales en Arequipa, una cifra que volvió a colocar bajo evaluación el control interno, la disciplina operativa y la conducta del personal policial en la región.

El dato fue informado por el jefe de Inspectoría en Arequipa, coronel PNP Juan José Torres, quien precisó que los procedimientos fueron derivados a las Oficinas de Disciplina. Estas instancias quedaron a cargo de evaluar denuncias, reunir elementos de convicción y determinar si existió responsabilidad administrativa.

Los expedientes correspondieron a presuntas infracciones cometidas durante el ejercicio de la función policial. Aunque no todos los casos tuvieron la misma gravedad, el volumen de efectivos investigados evidenció una carga disciplinaria significativa dentro de una institución encargada de garantizar seguridad, legalidad y confianza ciudadana.

Uno de los casos más delicados involucró a dos suboficiales acusados de exigir S/ 1 400 a una pareja para no continuar con una intervención por presunto consumo de sustancias ilícitas. El hecho fue denunciado en inmediaciones del cementerio La Apacheta, en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero.

Según la denuncia, Teófilo C. Q., de 21 años, y su acompañante Estefany M. E. fueron intervenidos durante un patrullaje ejecutado bajo el Plan Celador. El agraviado sostuvo que los policías le pidieron dinero para evitar el procedimiento y luego aceptaron trasladarlo hasta Socabaya para recoger parte del monto solicitado.

La versión del denunciante indicó que, durante el desplazamiento en el vehículo policial, logró pedir auxilio al pasar cerca de la sede de Inspectoría. Tras la intervención, los agentes quedaron a disposición de la Policía Anticorrupción por presuntos delitos de cohecho y abuso de autoridad, cargos que deberán ser corroborados por las autoridades competentes.

También se inició proceso disciplinario a los dos suboficiales de la comisaría Andrés Avelino Cáceres, quienes fueron asaltados en la calle Tiabaya, urbanización Santa Mónica, distrito de Jacobo Hunter. Los agentes fueron reducidos dentro de un patrullero y delincuentes les arrebataron un fusil AKM, dos cacerinas abastecidas y dos pistolas de reglamento.

Aunque ambos policías fueron considerados agraviados en el robo del armamento, la propia institución abrió una evaluación administrativa para determinar si se cumplieron los protocolos de patrullaje, ubicación de la unidad, estado de alerta y resguardo del material asignado. El caso es especialmente sensible porque las armas sustraídas aún representaban un riesgo directo para la seguridad pública.

Como medida preventiva en los procedimientos disciplinarios más graves, algunos efectivos pueden ser suspendidos temporalmente del servicio mientras avanzan las diligencias. Esa decisión implica apartarlos de labores operativas o administrativas, sin que ello constituya una sanción definitiva ni una declaración de culpabilidad.

La investigación a 192 policías abrió una prueba institucional para la PNP en Arequipa. El reto no será solo resolver cada expediente con respeto al debido proceso, sino demostrar que la institución puede depurar responsabilidades, corregir fallas internas y recuperar confianza cuando las faltas provienen de sus propias filas.