La presencia de smog en el aire, la contaminación por la quema de rastrojos, los pasivos ambientales mineros y la calidad de los recursos hídricos continúan entre los principales problemas ambientales de Arequipa. Sin embargo, la Gerencia Regional Ambiental (GRAM) carece de competencia directa para fiscalizar o sancionar estos casos. En la práctica, su rol se concentra en la articulación interinstitucional con entidades nacionales y locales, mientras la capacidad de intervención directa permanece fragmentada entre distintos organismos del Estado.

En 2022, la Comisión Ambiental Regional (CAR) – Arequipa identificó 26 problemas ambientales de urgente atención. La información fue plasmada en la “Matriz de prioridades ambientales y climática regional de Arequipa”, donde se incluyeron 26 objetivos ambientales, consolidados en 7 Objetivos Estratégicos para el 2030. Tras el cambio de gestión, el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) asumió la responsabilidad de afrontarlas. Sin embargo, tienen competencias limitadas y dependen estructuralmente de decisiones sectoriales nacionales para actuar.

Al respecto, Fernando Mejía Vargas, gerente regional Ambiental, explicó que la GRAM actúa como un ente articulador entre el Ministerio del Ambiente (Minem) y los gobiernos locales, en el marco de un proceso de alineamiento de políticas ambientales. “Lamentablemente, el proceso de descentralización todavía no nos ha otorgado las competencias de fiscalización. (…) Nosotros lo que hacemos es articular la política nacional con la regional y la local. Las municipalidades son las que ejecutan las acciones porque son entidades de fiscalización ambiental. Lo que buscamos es fortalecer sus capacidades”, sostuvo.

La limitación operativa no responde a normativas del GRA, sino a la distribución de competencias vigente a nivel nacional. En esa línea, problemas como la alta presencia de smog en el aire son responsabilidad de la Municipalidad Provincial de Arequipa, la quema de rastrojos es fiscalizada por el OEFA, la prevención ante incendios forestales recae en Serfor, la gestión de recursos hídricos corresponde a la Autoridad Nacional del Agua, la supervisión ante pasivos ambientales mineros dependen del Ministerio de Energía y Minas y la Fiscalía.

Incluso en casos sensibles, el Ejecutivo regional no puede ejecutar acciones operativas porque no cuenta con atribuciones ni capacidades coercitivas. Bajo esa lógica, la fiscalización efectiva depende de entidades sectoriales, mientras que la actuación regional queda reducida a la coordinación y seguimiento técnico. “Si nos metemos en funciones que no nos corresponden, generamos problemas institucionales. Nosotros coordinamos, pero la competencia de fiscalización la poseen otras entidades”, afirmó.

A pesar de las limitaciones, Mejía Vargas defendió los avances en planificación ambiental, destacando la elaboración de políticas regionales y la evaluación de instrumentos de gestión ambiental. También sostuvo que el GRA ha viabilizado inversiones vinculadas al sector ambiental y que Arequipa mantiene un rol relevante en la implementación de competencias delegadas. Lo que se reflejaría en el cumplimiento del Plan Operativo Institucional de la GRAM, mismo que según el gerente alcanzaría el 100% de cumplimiento a fines de gestión.