Juan Silva, exministro de Transportes y Comunicaciones.

El Poder Judicial declaró infundado el pedido presentado por el exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Francisco Silva para dejar sin efecto la prisión preventiva de 36 meses dictada en su contra dentro de la investigación por los casos Petroperú, Puente Tarata III y Ministerio de Vivienda.

La decisión fue adoptada por el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley, quien concluyó que el exfuncionario, actualmente prófugo de la justicia, no puede solicitar el cese de una medida cautelar que aún no ha sido ejecutada.

Silva es investigado junto al expresidente Pedro Castillo por los presuntos delitos de colusión y organización criminal en agravio del Estado. La orden de prisión preventiva fue emitida el 9 de marzo de 2023, lo que dio lugar a la emisión de órdenes de captura a nivel nacional e internacional.

La defensa del exministro sostuvo que su patrocinado denunció oportunamente ante la Fiscalía de la Nación y la Contraloría las presuntas irregularidades detectadas en el proceso de contratación del Puente Tarata III, lo que, según argumentó, permitió evitar un perjuicio económico al Estado. Asimismo, alegó que las investigaciones posteriores no habrían encontrado elementos suficientes para vincularlo con los hechos materia del proceso.

Sin embargo, el magistrado señaló que la solicitud carece de sustento jurídico, ya que la prisión preventiva no ha podido ejecutarse debido a la condición de prófugo del investigado. Además, indicó que la mayoría de los documentos presentados por la defensa ya habían sido evaluados en anteriores resoluciones y no constituyen nuevos elementos de convicción que justifiquen revisar la medida impuesta.

Checkley también advirtió que el pedido pretendía reabrir aspectos que ya cuentan con pronunciamientos judiciales firmes, desnaturalizando el procedimiento de cese de prisión preventiva previsto en el Código Procesal Penal.

Sobre Silva continúa vigente una notificación roja de Interpol para su ubicación y captura internacional, con vigencia hasta junio de 2027, mientras la Fiscalía prosigue con las investigaciones por presuntos actos de corrupción.