La detención de dos dirigentes de Construcción Civil por presunta exigencia extorsiva ha incrementado la tensión entre el gremio sindical y las autoridades regionales. Tras iniciar una paralización de obras en Arequipa, desde el Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil de Arequipa (STCCA) iniciaron coordinaciones para extender la medida de fuerza a nivel de la Macro Región Sur si no se libera a sus representantes.

El 7 de julio, Lugue Espinoza Valcárcel, secretario regional del STCCA, y Juan Chicata Origuela, secretario de organización, fueron detenidos luego de que el Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa solicitara detención judicial por siete días contra ambos. La investigación está relacionada con el presunto delito de exigencia extorsiva en agravio de representantes de APM Contratistas Generales, empresa encargada de ejecutar la nueva sede del Poder Judicial en Semi Rural Pachacútec, Cerro Colorado.

La intervención ocurrió un día después de que el sindicato iniciara una protesta con paralización de obras en la provincia de Arequipa, fecha en que –según evidencia fílmica– se registraron desmanes y actos vandálicos en las inmediaciones del proyecto. Sin embargo, desde la organización sindical sostiene que su medida responde a reclamos laborales, entre ellos la reposición de tres representantes de obra despedidos y la contratación de mayor cantidad de trabajadores locales en los proyectos que se ejecutan en la región.

En esa línea, el secretario general de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA), Mariano Nina Hancco, rechazó las acusaciones contra los dirigentes detenidos y aseguró que la protesta continuará hasta lograr su liberación. “Nosotros esperamos que hoy mismo se liberen a nuestros compañeros, porque las acusaciones son totalmente falsas y, de acuerdo a nuestros asesores, no son consistentes como para una detención”, afirmó.

El dirigente también negó que el sindicato busque imponer la contratación del 100% de afiliados de Construcción Civil. Aseveró que el reclamo está relacionado con el acuerdo laboral establecido en la Ordenanza Regional N° 283-2014-GRA, que fija una participación del 40% de trabajadores vinculados al sindicato en obras por Administración Directa. Además, aseguró que buscan que APM Contratistas Generales contrate a trabajadores locales y reponga a tres representantes de obra que, según indicó Nina Hancco, fueron despedidos pese a tener fuero sindical.

Durante la tarde, el Poder Judicial dictó siete días de prisión preventiva contra ambos dirigentes. En respuesta, desde la FDTA aseguraron que dirigentes de Construcción Civil de Cusco, Puno, Moquegua y provincias de Arequipa participaron en coordinaciones para definir la fecha de la protesta conjunta. Nina Hancco señaló que una eventual huelga macrorregional podría comprometer entre 300 y 400 obras, mientras que en Arequipa estimó que actualmente son entre 60 y 70 proyectos afectados.

Finalmente, el dirigente adelantó que, si no se dispone la liberación de Espinoza y Chicata, el gremio solicitará a su dirigencia nacional evaluar un paro nacional de Construcción Civil.

Paralización de STCCA no es formal

En contexto de la paralización, desde la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo (GRTPE) advirtieron que la medida de fuerza de Construcción Civil no constituye una huelga formal, debido a que el sindicato no presentó una solicitud siguiendo el procedimiento establecido por ley.

La gerente regional Catherine Rodríguez Torreblanca explicó que una huelga debe ser comunicada a la autoridad laboral y desarrollarse dentro del centro de trabajo donde existe el conflicto. “Una huelga ocurre en un centro laboral. Si hablamos de una obra del Poder Judicial, son esos trabajadores quienes tendrían que solicitarla para ese centro de operaciones. No podemos confundir una reclamación, una protesta o una paralización con una huelga”, señaló.

Respecto al reclamo por contratación de personal, la funcionaria indicó que las empresas tienen libertad para contratar y descartó que exista una obligación de incorporar trabajadores sindicalizados en obras ajenas a la modalidad de Administración Directa. Precisó que las obra del Poder a Judicial se ejecuta mediante Obras por Impuestos, por lo que la ordenanza regional no aplica. Además, advirtió que los trabajadores que abandonen sus puestos sin justificación podrían enfrentar sanciones laborales, incluida la posibilidad de despido si se configura una falta grave.

La GRTPE convocó para este viernes 10 de julio una reunión extraproceso con el sindicato, la empresa ejecutora y el Poder Judicial para abordar los reclamos y evitar una mayor paralización de obras. Sin embargo, desde el STCCA adelantaron que no participarán en ningún espacio de diálogo mientras los dirigentes sigan detenidos. De modo que aún es incierto si se logrará algún acuerdo.