Keiko Fujimori asumirá la Presidencia de la República el próximo 28 de julio con el desafío de conducir un país que llega a una nueva etapa política después de años de inestabilidad, enfrentamientos entre poderes del Estado y una creciente demanda ciudadana por seguridad, empleo y mejores servicios públicos.

DESDE EL 28 ASUMIRÁ FUNCIONES

La lideresa de Fuerza Popular llegará al Palacio de Gobierno tras ser proclamada oficialmente por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), luego de imponerse en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026. Su administración iniciará con un escenario complejo: instituciones debilitadas, una ciudadanía desconfiada y una agenda de reformas pendientes.

El punto de partida será la crisis política acumulada durante los últimos años. La salida de Dina Boluarte del poder, tras la decisión del Congreso de declarar su vacancia por “incapacidad moral permanente”, profundizó la percepción de fragilidad institucional. El gobierno de transición de José Jerí, que asumió bajo el compromiso de garantizar estabilidad hasta las elecciones, no modificó la fragmentación política ni logró impulsar cambios estructurales.

Uno de los principales retos será reconstruir la confianza en las instituciones. El Perú enfrenta cuestionamientos por los niveles de corrupción y deterioro de la gestión pública. En el ranking de competitividad mundial del IMD, el país mantiene una posición rezagada en indicadores vinculados con eficiencia del Estado y percepción de corrupción, factores que afectan la inversión y la legitimidad de las autoridades.

La seguridad ciudadana será otra de las prioridades. El aumento de extorsiones, robos y crimen organizado convirtió la lucha contra la delincuencia en una de las principales demandas electorales. El nuevo gobierno deberá articular acciones entre la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial para enfrentar redes criminales que operan vinculadas a economías ilegales como la minería ilegal, el narcotráfico y el contrabando.

En el ámbito económico, Fujimori recibirá una economía con estabilidad macroeconómica, pero con problemas estructurales como la elevada informalidad laboral y la baja capacidad de recaudación del Estado. Su plan de gobierno plantea medidas para promover la formalización, fortalecer a las micro y pequeñas empresas y mantener la disciplina fiscal.

Sin embargo, uno de los mayores desafíos estará en el manejo de los conflictos sociales. La Defensoría del Pueblo reportó 193 conflictos sociales en marzo de 2026, la mayoría vinculados a demandas socioambientales. Las regiones exigen mayor participación en las decisiones sobre proyectos extractivos, protección del agua y cumplimiento de compromisos asumidos por empresas y Estado.

La relación con el Congreso también será determinante. Fujimori deberá gobernar con un Parlamento fragmentado y construir acuerdos para aprobar reformas sin repetir los enfrentamientos que marcaron la política peruana desde 2016.

El nuevo gobierno tendrá la oportunidad de iniciar una etapa de estabilidad, pero para ello deberá responder a una ciudadanía que no solo espera crecimiento económico, sino también instituciones sólidas, lucha contra la corrupción y resultados concretos frente a la inseguridad.