La defensa de Lugue Espinoza y Juan Chicata sostuvo que no existían elementos suficientes para mantener la detención judicial por siete días. Ambos dirigentes fueron recibidos por agremiados en los exteriores del Poder Judicial, mientras la investigación por presunta extorsión continúa en libertad.

Lugue Espinoza Valcárcel y Juan Chicata Orihuela, dirigentes del Sindicato de Construcción Civil de Arequipa, fueron liberados tras la audiencia de apelación contra la detención judicial dictada en su contra por un presunto caso de extorsión y coacción. La defensa sostuvo que el requerimiento fiscal no reunía los elementos necesarios para mantenerlos detenidos.

La decisión modificó el escenario abierto días antes, cuando el Poder Judicial dispuso siete días de detención judicial en un caso de flagrancia vinculado a la denuncia presentada por representantes de APM Contratistas Generales S.A.C. La empresa ejecutaba una obra del Poder Judicial en el sector de Semirural Pachacútec, en Cerro Colorado.

Según la tesis inicial de la Fiscalía, los investigados habrían exigido la contratación de personal afiliado al gremio de construcción civil. La detención se produjo después de incidentes registrados en la zona de obra, donde se reportaron daños en infraestructura y temor entre trabajadores y vecinos.

El abogado Rubén Maita, defensa de los dirigentes, afirmó que la sala consideró insuficientes los fundamentos presentados para sostener la detención judicial. Según su versión, no se acreditó que Espinoza o Chicata hubieran ordenado directa o indirectamente actos de agresión, daños materiales o amenazas contra representantes de la empresa.

Maita sostuvo además que los audios incorporados al caso no correspondían a conversaciones de Lugue Espinoza ni de Juan Chicata con el denunciante, sino a diálogos con otro dirigente sindical. Para la defensa, esos elementos no permitían sostener una imputación directa contra los dos liberados.

Tras salir en libertad, Lugue Espinoza fue recibido por familiares y trabajadores en los exteriores del Poder Judicial. En su intervención, negó haber promovido actos de violencia y afirmó que el sindicato reclamaba derechos laborales y oportunidades de trabajo para obreros arequipeños.

El dirigente también sostuvo que la detención formaba parte de una persecución contra la actividad sindical. Agradeció el respaldo de agremiados, organizaciones de construcción civil de otras regiones y de la Federación de Trabajadores, que se pronunciaron durante los días que permanecieron privados de libertad.

Chicata, por su parte, agradeció a su familia, a los trabajadores y a la defensa legal. Señaló que la justicia evaluó el caso y que, según su posición, no existían pruebas suficientes para sindicarlo como autor de los hechos investigados.

Pese a la liberación, el proceso no concluyó. La investigación fiscal continuará para determinar si existió una exigencia extorsiva, si hubo responsabilidad individual en los incidentes y qué participación tuvieron las personas vinculadas a las protestas en la obra judicial de Cerro Colorado.

El caso dejó en tensión dos planos sensibles: la persecución penal de posibles actos de violencia o coacción y el ejercicio de la protesta sindical en obras privadas. La decisión judicial permitió la libertad de los dirigentes, pero no cerró una investigación que seguirá bajo evaluación fiscal y judicial.