Por: Alex Alejandro Vargas

Aunque suelen utilizarse como sinónimos, descentralización y desconcentración representan modelos profundamente distintos de organización del Estado. La desconcentración distribuye oficinas en el territorio, pero mantiene las decisiones, los recursos y el poder de gestión en el nivel central. La descentralización, en cambio, transfiere competencias, presupuesto y capacidad de decisión a los gobiernos regionales y locales, acercando la gestión pública a las necesidades de los ciudadanos.

La cultura peruana continúa operando principalmente con un esquema desconcentrado. Las Direcciones Desconcentradas de Cultura (DDC) constituyen la presencia territorial del Ministerio de Cultura en las regiones, pero siguen dependiendo administrativa, técnica y presupuestalmente de Lima. En paralelo, los gobiernos regionales, las municipalidades provinciales y las municipalidades distritales desarrollan sus propias acciones culturales, muchas veces sin una adecuada articulación entre sí. El resultado suele ser una superposición de funciones, dispersión de recursos y dificultades para construir políticas culturales sostenibles y de largo plazo.

La experiencia de la educación ofrece una referencia que merece ser analizada. El Ministerio de Educación conserva la rectoría nacional, define políticas, estándares y lineamientos técnicos, pero la gestión de los servicios educativos fue transferida a los gobiernos regionales. Este modelo permite que las decisiones operativas se adopten más cerca de la realidad de cada territorio, sin perder una visión nacional común. Surge entonces una pregunta inevitable: si la educación logró avanzar hacia un proceso de descentralización, ¿por qué la cultura continúa dependiendo principalmente de un modelo desconcentrado?

El problema no es únicamente presupuestal. Sin duda, el sector cultura enfrenta limitaciones históricas de financiamiento; sin embargo, la discusión de fondo también involucra el modelo de gestión. Resulta difícil pensar que un ministerio ubicado en Lima pueda responder con la misma eficacia a las necesidades culturales de Loreto, Puno, Ayacucho, Piura o Tacna, territorios con identidades, patrimonios y dinámicas culturales profundamente diversas.

Quizá ha llegado el momento de debatir la construcción de un sistema funcional de cultura, en el que el Ministerio de Cultura mantenga la rectoría nacional, la formulación de políticas, la supervisión y la capacidad sancionadora, mientras que los gobiernos regionales asuman un rol más activo en la gestión cultural de sus territorios. Este proceso debería estar acompañado de mecanismos permanentes de financiamiento, incluyendo la posibilidad de establecer porcentajes mínimos de inversión cultural en los presupuestos regionales y municipales, de manera similar a otros sistemas funcionales que cuentan con asignaciones específicas para garantizar el cumplimiento de sus objetivos.

A puertas de un nuevo ciclo político, el debate no debería limitarse a cuánto se invierte en cultura, sino también a quién decide, quién gestiona y quién ejecuta esa inversión. Si aspiramos a resultados distintos, debemos estar dispuestos a discutir modelos distintos. La cultura necesita más recursos, pero también una institucionalidad moderna, articulada y cercana al territorio. Después de todo, el objetivo de cualquier política pública no es preservar estructuras administrativas, sino mejorar la vida de los ciudadanos y garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos culturales en cada rincón del país.