Por: Carlos Meneses

El fallo del Tribunal Constitucional recuerda una verdad elemental: las leyes no solo deben responder a las expectativas ciudadanas, sino también a la realidad financiera del país. Sin responsabilidad fiscal, las promesas terminan convirtiéndose en frustración colectiva.

El reciente fallo del Tribunal Constitucional marca un punto de inflexión en la relación entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. Al ratificar que el Parlamento no tiene iniciativa para aprobar leyes que generen gasto público, el máximo intérprete de la Constitución no solo reafirma un principio jurídico fundamental, sino que también envía un mensaje claro sobre la necesidad de recuperar la disciplina fiscal que el país ha ido perdiendo en los últimos años.

La decisión llega en un momento especialmente oportuno. Durante el último periodo legislativo se aprobaron numerosas normas con impacto económico sin que existiera un análisis serio sobre su financiamiento. Muchas respondieron a demandas legítimas de distintos sectores, pero pocas estuvieron acompañadas de una explicación de cómo serían sostenidas por el presupuesto nacional. La política terminó imponiéndose a la responsabilidad fiscal.

El próximo gobierno de Keiko Fujimori heredará esa compleja realidad. Paradójicamente, varias de las leyes que ahora podrían ser revisadas o incluso derogadas fueron respaldadas por la mayoría parlamentaria que acompañó a la presidenta electa. Corregir ese escenario exigirá coherencia política y capacidad para asumir decisiones impopulares, pero necesarias.

La advertencia del exministro de Economía, Luis Miguel Castilla no debe pasar desapercibida. Si las obligaciones creadas por el Congreso representan miles de millones de soles sin respaldo presupuestal, mantenerlas significaría sacrificar recursos destinados a infraestructura, salud, educación, seguridad o programas sociales. En economía, cada sol comprometido en un gasto sin financiamiento es un sol que deja de invertirse donde realmente puede generar desarrollo.

Más preocupante aún resulta que, a pocas semanas del cambio de gobierno, el Congreso continúe debatiendo un crédito suplementario cercano a los diez mil millones de soles. La oportunidad política de una decisión de tal magnitud es, cuando menos, discutible. Un gobierno que está por concluir no debería condicionar el margen de maniobra de la administración que asumirá la conducción del país.

El fallo del Tribunal Constitucional ofrece la posibilidad de restablecer un equilibrio institucional que nunca debió perderse. El Congreso tiene la función de legislar y fiscalizar; el Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, posee la responsabilidad de administrar los recursos públicos y garantizar su sostenibilidad. Cuando esas competencias se confunden, el resultado suele ser un Estado con más obligaciones que capacidad para cumplirlas.

La estabilidad macroeconómica ha sido uno de los principales activos del Perú durante décadas. Preservarla requiere mucho más que buenas intenciones: demanda respeto por las reglas fiscales, responsabilidad en la aprobación de leyes y voluntad política para corregir excesos. Gobernar también significa decir no cuando las cuentas no alcanzan.