William Lázaro Zúñiga, mecánico y taxista de 52 años, protestó en la sede del Ministerio Público al cumplirse un año del accidente que provocó la amputación de su pierna izquierda. El afectado exigió que la Fiscalía agilice la investigación y determine las responsabilidades por el hecho ocurrido el 22 de julio de 2025 en la zona industrial de Río Seco.

Lázaro relató que aquel día trabajaba eventualmente en un taller y había salido del establecimiento para realizar servicios de taxi. Cuando retornó y esperaba que le abrieran la puerta, un tráiler comenzó a desplazarse sin conductor y lo aprisionó contra una pared del taller.

El impacto destruyó el automóvil con el que generaba ingresos y causó el desplome parcial del muro. El trabajador quedó inconsciente y sufrió lesiones graves en ambas extremidades, las costillas y la cabeza, según declaró durante la protesta desarrollada en el distrito de Cerro Colorado.

El herido fue trasladado a una clínica, donde los médicos intentaron conservarle la pierna izquierda. Sin embargo, el severo daño y las complicaciones presentadas durante la atención obligaron a amputarla. Un mes después fue sometido a una segunda intervención debido a la necrosis del tejido, añadió.

Lázaro sostuvo que el conductor del tráiler regresó al lugar, observó su estado y posteriormente se retiró sin auxiliarlo. También aseguró que existirían indicios de un supuesto consumo de alcohol, pero el conductor se fugó luego del accidente y apareció días después.

El tráiler permaneció tres días junto al automóvil destruido hasta que sus propietarios llevaron otra llave para retirarlo y trasladarlo a una dependencia policial, de acuerdo con el testimonio. El afectado afirmó que la unidad quedó inicialmente bajo una medida destinada a garantizar una eventual reparación, pero fue entregada semanas después por disposición fiscal.

El mecánico cuestionó que, transcurrido un año, el caso permaneciera en diligencias preliminares y no se hubiera establecido una reparación por los daños físicos, materiales y económicos. La protesta se trasladó a la sede del Ministerio Público y el Poder Judicial en el cercado de Arequipa.

La familia aseguró que no recibió ayuda económica de los propietarios del vehículo de carga pesada ni de las personas señaladas en el caso, por lo que han pedido una explicación institucional de la Fiscalía sobre el estado y los plazos de las actuaciones.

La amputación impidió que Lázaro continuara trabajando como mecánico y taxista. Su esposa asumió el sostenimiento del hogar y el cuidado de su esposo y de una hija con discapacidad, mientras la familia afrontaba deudas acumuladas por la atención médica y la pérdida de sus fuentes de ingreso.

El caso expuso las consecuencias humanas y económicas que puede provocar la demora en una investigación por lesiones graves. La familia reclamó que las autoridades esclarezcan la mecánica del accidente, individualicen las responsabilidades y resuelvan, con respeto al debido proceso, la reparación que pudiera corresponder.