Por Carlos Meneses

El reloj avanza inexorablemente. Si antes del vencimiento del convenio de Charcani no existe una solución concreta, Arequipa podría enfrentar una crisis en la formación policial que era perfectamente evitable. Ya no hacen falta más diagnósticos ni mesas de trabajo. Lo que el país exige es decisión política, capacidad de gestión y responsabilidad para terminar, de una vez por todas, una obra que nunca debió quedar abandonada.

La inseguridad ciudadana se ha convertido en la principal preocupación de los peruanos. Todos coinciden en que el país necesita más policías, mejor preparados y con infraestructura adecuada para su formación. Sin embargo, el Estado parece empeñado en hacer exactamente lo contrario. La historia de la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de la Policía Nacional en La Joya es el ejemplo más claro de cómo la burocracia, la desidia y la incapacidad administrativa terminan convirtiendo una obra casi concluida en un monumento al abandono.

Resulta inaceptable que un proyecto con el 92 % de avance físico permanezca paralizado desde el 2020. Seis años después, la infraestructura continúa deteriorándose bajo el sol y el viento de La Joya, mientras las autoridades siguen ofreciendo explicaciones, informes técnicos, arbitrajes y promesas de reactivación que nunca llegan a concretarse.

La situación adquiere hoy un carácter de urgencia porque el convenio que permitió trasladar provisionalmente la escuela a Charcani vencerá el próximo 31 de diciembre. Lo que nació como una solución temporal corre el riesgo de convertirse en otro problema sin salida. Y lo más grave es que nadie parece tener un plan claro para evitarlo.

La sede de Charcani cumplió su papel durante estos años, pero sus limitaciones son evidentes. La infraestructura tiene más de cuatro décadas de antigüedad, presenta graves problemas en sus redes de agua y desagüe, además de un evidente deterioro estructural. No son condiciones aceptables para formar a quienes tendrán la responsabilidad de garantizar el orden y la seguridad de millones de ciudadanos.

Mientras tanto, el Ministerio del Interior espera recursos para culminar el saldo de obra. Es legítimo preguntarse por qué un proyecto considerado estratégico para la seguridad nacional debe esperar indefinidamente por una transferencia presupuestal de S/42 millones, cuando el costo de la paralización aumenta cada día. Cada año de abandono significa mayores gastos de recuperación, equipos deteriorados y estructuras que pierden valor.

La responsabilidad tampoco puede recaer únicamente en Lima. Las autoridades regionales y los representantes políticos de Arequipa han mostrado escasa capacidad para exigir una solución definitiva. El silencio y la resignación frente a una obra paralizada durante tantos años terminan convirtiéndose en una forma de complicidad.

Lo ocurrido en La Joya refleja un problema mucho más profundo: el Estado peruano sigue siendo incapaz de culminar oportunamente proyectos públicos esenciales. Hospitales, colegios, carreteras y ahora una escuela policial comparten el mismo destino de retrasos interminables, arbitrajes y sobrecostos que terminan perjudicando únicamente a la población.

La seguridad ciudadana no se fortalece únicamente con estados de emergencia o anuncios de más patrullaje. También requiere invertir con eficiencia en la formación de nuevos efectivos. Sin escuelas modernas no habrá más policías; sin más policías será imposible enfrentar el crecimiento de la delincuencia.