El congresista Segundo Montalvo presentó una denuncia penal ante la Fiscalía de la Nación contra el presidente de la República, José María Balcázar, por presuntos delitos de función relacionados con la crisis de inseguridad ciudadana y el proceso de adquisición de aeronaves de combate para la Fuerza Aérea del Perú (FAP).

La denuncia también comprende a exministros y otros funcionarios, a quienes se atribuye presunta responsabilidad por los delitos de abuso de autoridad, negociación incompatible y omisión de actos funcionales.

El parlamentario, quien preside la Comisión de Educación del Congreso, sustentó su acusación en dos principales cuestionamientos. El primero está referido a la situación de inseguridad que atraviesa el país y el incremento de delitos como homicidios, extorsiones, secuestros y crimen organizado durante la actual administración.

Según el documento presentado ante el Ministerio Público, el Gobierno habría incurrido en un supuesto “abandono sistemático” de sus obligaciones de garantizar la seguridad de la ciudadanía, debido a la falta de resultados frente al avance de la delincuencia.

La denuncia señala además que la criminalidad afecta a millones de empresas y ciudadanos, generando un impacto negativo en la economía nacional y en las actividades productivas.

Montalvo cuestionó también la falta de implementación de medidas y normas orientadas a fortalecer la lucha contra la delincuencia, así como el presunto incumplimiento de disposiciones establecidas en la legislación sobre seguridad ciudadana.

El segundo punto de la denuncia está relacionado con el proceso de adquisición de 24 aviones de combate F-16 para la Fuerza Aérea del Perú, operación valorizada en aproximadamente 3 500 millones de dólares.

De acuerdo con el legislador, el presidente Balcázar habría incurrido en abuso de autoridad al aprobar mediante el Decreto Supremo N.° 001-2026 la compra de las aeronaves bajo la modalidad de “secreto militar”, para posteriormente negar públicamente la existencia de contratos vinculados a esta operación.

El caso generó una crisis política en el Ejecutivo, luego de que el exministro de Defensa Carlos Díaz Dañino y el excanciller Hugo de Zela dejaran sus cargos tras cuestionar la versión del mandatario sobre el proceso de adquisición.

El congresista solicitó que la Fiscalía realice diligencias preliminares, como la recopilación de documentos y toma de declaraciones, aunque pidió que una eventual formalización de la investigación contra el jefe de Estado sea evaluada después del término de su mandato.

La defensa de la denuncia sostiene que, si bien el artículo 117 de la Constitución establece una protección especial para el presidente en funciones, esta prerrogativa concluiría el próximo 28 de julio de 2026, fecha en la que culminaría el mandato de José María Balcázar.

Por ello, Montalvo planteó que las diligencias iniciales puedan desarrollarse mientras el mandatario aún ejerce el cargo, dejando para una etapa posterior cualquier decisión sobre una eventual acusación constitucional.

Respecto a los exministros y funcionarios incluidos en la denuncia, solicitó que las investigaciones puedan iniciarse de inmediato al no contar con la misma protección constitucional.

El congresista fundamentó su pedido en una sentencia del Tribunal Constitucional que establece criterios sobre las investigaciones fiscales relacionadas con altos funcionarios del Estado y la posibilidad de recopilar información durante el ejercicio del cargo.

La Fiscalía de la Nación deberá evaluar los fundamentos presentados y determinar si corresponde iniciar acciones dentro del marco legal vigente.