Encuesta del Instituto Peruano de Economía (IPE) revela que el 94% considera que el gobierno saliente no ejecutó las acciones necesarias de prevención. Especialistas también alertan sobre el impacto del cambio de autoridades y demandan priorizar la seguridad ciudadana y la gestión del riesgo.

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SEGÚN INFORME DE IPE

El Perú afronta la posibilidad de un nuevo Fenómeno El Niño Costero con serias debilidades en materia de prevención. Así lo revela la séptima edición del estudio «Los principales economistas opinan», elaborado por el Instituto Peruano de Economía (IPE), en el que el 94% de los especialistas consultados considera que el gobierno saliente no adoptó las medidas necesarias para enfrentar una eventual emergencia climática durante la temporada 2026-2027.

La encuesta, aplicada entre el 20 y el 23 de julio a 88 economistas de distintas instituciones públicas, privadas y académicas, refleja una creciente preocupación por la capacidad del Estado para responder a uno de los fenómenos naturales con mayor impacto económico y social en el país.

Los resultados cobran especial importancia luego de que diversos organismos técnicos, entre ellos el ENFEN, advirtieran sobre una elevada probabilidad de que el país enfrente un evento de El Niño de moderada a fuerte intensidad durante el verano de 2027.

PREOCUPACIÓN POR FALTA DE PREVENCIÓN

La principal conclusión del estudio es contundente. Casi la totalidad de economistas coincide en que las acciones ejecutadas por el gobierno anterior fueron insuficientes para reducir los riesgos que implican las lluvias intensas, inundaciones, huaicos y desbordes de ríos.

A esta preocupación se suma otro factor que podría complicar la capacidad de respuesta del Estado. El 84% de los encuestados considera que el cambio simultáneo de autoridades nacionales, regionales y municipales reducirá considerablemente el tiempo disponible para organizar y ejecutar medidas preventivas antes del inicio de la temporada de lluvias.

Para los especialistas, la transición gubernamental representa un periodo crítico, pues muchas nuevas autoridades deberán asumir funciones cuando el calendario ya exige acelerar obras de limpieza de cauces, reforzamiento de defensas ribereñas, mantenimiento de infraestructura vial y elaboración de planes de contingencia.

La encuesta también evidencia que seis de cada diez economistas consideran que el Perú no está mejor preparado que durante el Fenómeno El Niño Costero de 2017, uno de los eventos climáticos más devastadores de las últimas décadas.

Asimismo, una proporción similar sostiene que la eficacia con la que el nuevo gobierno enfrente esta emergencia será determinante para el nivel de aprobación ciudadana durante los primeros meses de gestión.

SEGURIDAD Y EL NIÑO DEBEN MARCAR LA AGENDA

El 91% de los economistas consultados considera indispensable anunciar medidas concretas para combatir la inseguridad ciudadana, el crimen organizado y las economías ilegales, problemática que actualmente encabeza las preocupaciones de la población.

En segundo lugar aparece la preparación frente al Fenómeno El Niño Costero. El 85% considera que el Gobierno debe presentar un plan claro de prevención y respuesta, con cronogramas, metas y mecanismos de seguimiento para garantizar la ejecución de las inversiones.

Muy por detrás aparecen otros temas económicos considerados importantes para el crecimiento del país. El 51% prioriza el destrabe de proyectos de inversión privada, mientras que el 32% considera necesario reforzar la sostenibilidad de las finanzas públicas.

En contraste, las reformas tributaria y laboral apenas alcanzan un 5% de menciones, lo que refleja que, para los especialistas, existen desafíos más urgentes que requieren atención inmediata.

DUDAS SOBRE EL CONGRESO

Otro de los aspectos evaluados por el IPE fue el impacto de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional respecto a las iniciativas legislativas con incidencia presupuestal.

El 66% de economistas considera probable o muy probable que el nuevo Congreso interprete el fallo de manera que le permita continuar presentando proyectos de ley que generen gasto público.

A la vez, el mismo porcentaje estima probable que el Ejecutivo continúe recurriendo a demandas de inconstitucionalidad para frenar normas que comprometan las finanzas públicas.

Solo el 27% cree probable que el Parlamento deje de promover iniciativas con impacto fiscal, mientras que el 64% considera que la sentencia del Tribunal Constitucional podría contribuir a fortalecer el cumplimiento de las reglas fiscales, siempre que exista voluntad política para respetar sus alcances.

Los especialistas advierten que mantener el equilibrio de las cuentas públicas será fundamental en un contexto donde el Estado deberá destinar importantes recursos para enfrentar posibles emergencias climáticas y fortalecer la seguridad ciudadana.

REFORMAS PENDIENTES

Más allá de la coyuntura política, la encuesta identifica cuáles son las principales reformas estructurales que el país mantiene pendientes.

La reforma integral del sistema de salud y del aseguramiento universal ocupa el primer lugar, al ser mencionada por el 61% de los economistas.

La pandemia dejó al descubierto importantes brechas en infraestructura hospitalaria, personal médico, abastecimiento de medicamentos y cobertura de servicios, problemas que continúan afectando a millones de peruanos.

En segundo lugar aparece la reforma de la descentralización, respaldada por el 47% de los especialistas, quienes consideran necesario mejorar la capacidad de gestión de gobiernos regionales y municipales.

Le siguen las reformas en educación (44%), mercado laboral (43%) y reforma política y judicial (41%).

En el extremo opuesto figura la reforma del sistema previsional, que solo obtuvo el respaldo del 5% de los participantes.

FACULTADES PARA IMPULSAR INVERSIONES

Respecto a un eventual pedido de facultades legislativas por parte del Ejecutivo, los economistas muestran amplio consenso sobre las prioridades.

El 84% considera que el Congreso debería delegar facultades para fortalecer la lucha contra la inseguridad ciudadana y las economías ilegales, mientras que el 69% respalda otorgarlas para simplificar procedimientos administrativos y acelerar proyectos de inversión pública y privada.

Asimismo, el 38% plantea que dichas facultades deberían incluir la reorganización de Petroperú y la modernización del marco regulatorio del sector hidrocarburos.

Apenas el 2% considera que el Parlamento no debería conceder facultades legislativas al nuevo Gobierno.

Las conclusiones del IPE encuentran eco en la realidad de Arequipa. Diversos informes de la Contraloría General de la República y del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) han advertido que la región mantiene más de 60 puntos críticos expuestos a inundaciones, activación de quebradas y deslizamientos.

Pese a contar con recursos destinados a la prevención, la ejecución presupuestal continúa siendo reducida. Reportes recientes muestran que el Gobierno Regional de Arequipa apenas había ejecutado alrededor del 1% de los más de S/72 millones asignados para acciones preventivas, situación que genera preocupación considerando la alta probabilidad de lluvias intensas durante el próximo verano.

Especialistas coinciden en que la prevención será determinante para reducir pérdidas humanas y económicas. La encuesta del IPE confirma que existe consenso entre los economistas: el nuevo Gobierno deberá actuar con rapidez, acelerar la ejecución de obras y fortalecer la coordinación con regiones y municipios si busca evitar que el país repita las consecuencias que dejó el Fenómeno El Niño Costero de 2017.