El Gobierno prevé enviar al Congreso, a más tardar el 15 de octubre, el proyecto de Ley de Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE), con el objetivo de establecer un nuevo proceso simplificado de formalización para miles de mineros que actualmente forman parte del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO).

El anuncio fue realizado por el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, durante su presentación ante la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados. Explicó que el actual REINFO culminará el 31 de diciembre de 2026 y que no se plantea una nueva ampliación del registro, sino crear una vía distinta para que los mineros que aún no completaron su formalización puedan continuar el proceso bajo nuevas reglas.

De acuerdo con las cifras expuestas por el ministro, existen alrededor de 31 mil 500 mineros artesanales inscritos en el REINFO. De este total, aproximadamente 22 mil 200 mantienen inscripción vigente, mientras que unos 9 mil se encuentran suspendidos. Sin embargo, solo cerca de 2 mil 300 mineros han culminado su formalización.

Shinno cuestionó el funcionamiento del actual modelo y sostuvo que, de mantenerse el ritmo registrado, una gran cantidad de trabajadores no lograría formalizarse. Por ello, la propuesta MAPE busca establecer requisitos acordes con la escala y características de la minería artesanal.

Uno de los cambios estaría relacionado con el Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización de Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal (IGAFOM). El ministro planteó simplificar este requisito y orientarlo hacia compromisos concretos sobre el uso de insumos y las condiciones de operación, sin reducir los estándares de seguridad y protección ambiental.

El Ejecutivo también plantea agilizar los procedimientos vinculados al uso de explosivos, debido a que, según Shinno, las demoras en las autorizaciones pueden favorecer que algunos trabajadores recurran al mercado ilegal.

La futura norma contemplaría además una institución especializada en asistencia técnica, seguridad y eficiencia productiva, con presencia descentralizada para acompañar a los mineros durante su proceso de formalización.

Otro componente será la trazabilidad del mineral desde las plantas de abastecimiento y beneficio, con el propósito de verificar su procedencia y fortalecer el control contra la minería ilegal.

El proyecto deberá ser debatido por el Congreso y su aprobación determinará las condiciones bajo las cuales miles de mineros podrán continuar su camino hacia la formalización.