Por Jorge Turpo R.

Durante cinco años, Videnza trasladó el debate sobre políticas públicas desde Lima hacia las regiones, donde identificó que mejorar la inversión pública y fortalecer la gestión estatal son claves para cerrar brechas de desarrollo.

MIGUEL CASTILLA, DIRECTOR EJECUTIVO DE VIDENZA

La gestión pública peruana suele medirse desde Lima, pero los problemas del Estado rara vez se entienden únicamente desde la capital. Esa es una de las principales conclusiones que deja la memoria institucional 2021-2025 de Videnza Instituto: las políticas públicas adquieren otra dimensión cuando se observan desde las regiones, donde las brechas de infraestructura, la baja ejecución de inversiones y las limitaciones técnicas de los gobiernos subnacionales terminan afectando directamente la calidad de vida de millones de ciudadanos.

«Las regiones permiten entender mejor la complejidad de los problemas públicos», sostiene Luis Miguel Castilla, director ejecutivo de Videnza Instituto, al resumir uno de los principales aprendizajes de los primeros cinco años de trabajo de la organización. Su reflexión no es solo conceptual. Resume una experiencia que llevó al instituto a salir del análisis académico para involucrarse directamente en procesos de fortalecimiento de la gestión pública regional.

Videnza nació en plena pandemia con el propósito de aportar evidencia técnica y propuestas para mejorar las políticas públicas. En ese período el país enfrentaba una profunda crisis sanitaria, económica e institucional que puso en evidencia las debilidades del Estado para responder a las necesidades de la población.

Desde entonces, la institución amplió progresivamente su agenda hacia temas como inversión pública, desarrollo regional, infraestructura, salud, educación, seguridad ciudadana y transición energética.

Más allá de los números —74 publicaciones, 71 estudios técnicos y 317 espacios de diálogo desarrollados durante cinco años—, uno de los aspectos más relevantes del trabajo realizado es el cambio de enfoque hacia el territorio.

Castilla sostiene que el conocimiento técnico resulta insuficiente si no se contrasta con la realidad regional y si no logra traducirse en herramientas concretas para quienes toman decisiones.

Esa visión se refleja especialmente en el proyecto de acompañamiento para mejorar la gestión de la inversión pública en los gobiernos regionales de Arequipa, Cusco y Junín, considerado uno de los hitos institucionales más importantes del último año.

En lugar de limitarse a elaborar diagnósticos, el trabajo consistió en brindar asistencia técnica permanente, desarrollar herramientas de seguimiento, capacitar funcionarios y acompañar directamente los procesos de gestión de inversiones.

El proyecto combinó presencia territorial, coordinación permanente con autoridades regionales y desarrollo de instrumentos de gestión para fortalecer la capacidad de ejecución de inversiones públicas.

El objetivo fue reducir las brechas existentes mediante mejoras en los procesos internos más que mediante recomendaciones generales.

En Arequipa, por ejemplo, el acompañamiento incluyó decenas de asistencias técnicas, reuniones de coordinación, comités de seguimiento y capacitaciones especializadas para funcionarios.

Posteriormente, la región alcanzó una ejecución presupuestal cercana al 100 % en la cartera priorizada y mejoró significativamente sus indicadores relacionados con el cierre de inversiones, además de fortalecer el seguimiento físico y financiero de los proyectos.

La mayoría de funcionarios participantes calificó favorablemente el proceso de asistencia técnica. Estos resultados son presentados por Castilla como evidencia de que el fortalecimiento institucional puede traducirse en mejoras concretas cuando existe trabajo continuo en el territorio.

Otro aporte relevante fue el desarrollo de una herramienta de seguimiento de inversiones basada en Power BI. Esta plataforma permitió visualizar indicadores clave, monitorear avances físicos y financieros de los proyectos y adaptar la información a las necesidades específicas de cada gobierno regional, facilitando una toma de decisiones sustentada en evidencia.

La experiencia también modificó la propia manera de entender la gestión pública. Como conclusiones de estos cinco años, Castilla señala que muchos problemas nacionales solo pueden comprenderse plenamente cuando se analizan desde la realidad de las regiones. Escuchar a los equipos técnicos locales, adaptar las herramientas a cada contexto y trabajar directamente con las autoridades permitió pasar de diagnósticos generales a soluciones específicas para problemas concretos de gestión.

Ese aprendizaje coincide con otra línea de trabajo desarrollada por Videnza desde sus inicios: Propuestas del Bicentenario, una iniciativa orientada a producir evidencia y formular propuestas sobre economía, sostenibilidad fiscal, gestión pública, desarrollo territorial, seguridad ciudadana y fortalecimiento institucional.

A lo largo de seis etapas, el proyecto incorporó observatorios, estudios, indicadores, espacios de debate y campañas de información pública, siempre con un enfoque técnico y no partidario.

También resalta el desarrollo de índices para medir la eficiencia de la inversión pública y herramientas destinadas a ordenar información dispersa para facilitar el debate público. Para Castilla, la producción de evidencia solo adquiere verdadero valor cuando logra convertirse en un insumo útil para mejorar las decisiones de quienes administran los recursos públicos.

En un contexto donde los gobiernos regionales administran cada vez mayores presupuestos, pero aún enfrentan dificultades para ejecutar inversiones de calidad, la experiencia descrita por Videnza pone sobre la mesa un tema de fondo: la mejora de la gestión pública depende tanto del financiamiento como del fortalecimiento de capacidades técnicas.

Cinco años después de su creación, la principal enseñanza que recoge Luis Miguel Castilla parece resumirse en una idea sencilla, aunque poco frecuente en el debate nacional: los grandes problemas del Perú no se resolverán únicamente desde los escritorios de Lima. Entender las regiones, trabajar junto a ellas y convertir la evidencia en herramientas prácticas puede ser una de las claves para construir un Estado más eficiente y cercano a los ciudadanos.