Por Carlos Meneses

El desafío será convertir los acuerdos políticos en acciones efectivas que permitan mejorar la prevención del delito, fortalecer las investigaciones y acelerar los procesos judiciales. La lucha contra la criminalidad no se ganará con discursos, sino con instituciones que funcionen y resultados que la población pueda comprobar.

La inseguridad ciudadana se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los peruanos y, por ello, el anuncio del Gobierno de emprender una ofensiva contra la criminalidad no puede quedarse en declaraciones contundentes ni en reuniones de alto nivel. La ciudadanía espera resultados concretos.

La presidenta Keiko Fujimori reunió a representantes del Ejecutivo y del Ministerio Público para coordinar acciones frente al avance del delito y anunció que solicitará al Congreso facultades legislativas para adoptar medidas en materia de seguridad, prevención ante el Fenómeno de El Niño y modernización del Estado. Se trata de una agenda amplia que deberá ser acompañada por objetivos claros, plazos definidos y mecanismos de evaluación.

La frase presidencial de que se actuará “con mucha fuerza” para conseguir que los delincuentes terminen en prisión expresa una legítima demanda ciudadana: que quien comete un delito sea investigado, procesado y, cuando corresponda, sancionado. Sin embargo, la firmeza no debe confundirse con improvisación. Una política efectiva contra la delincuencia requiere inteligencia policial, investigación criminal, fiscales con capacidad operativa, jueces que puedan resolver oportunamente y un sistema penitenciario que funcione.

El problema no termina con una detención. Una captura que no logra sostenerse en una investigación sólida puede terminar en una rápida liberación y alimentar aún más la percepción de impunidad. Por eso, resulta fundamental mejorar la coordinación entre la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial, sin afectar la autonomía que corresponde a cada institución.

La anunciada solicitud de facultades legislativas merece, además, un debate serio en el Congreso. El Parlamento deberá evaluar qué medidas son realmente necesarias, cuáles pueden ejecutarse con las normas existentes y qué nuevas herramientas legales podrían contribuir efectivamente a combatir la criminalidad. No se trata de otorgar facultades por presión política, sino de asegurar que estas tengan objetivos precisos y resultados verificables.

También será necesario atender las causas que favorecen el crecimiento del delito. La prevención, la recuperación de espacios públicos, la iluminación, el fortalecimiento de las comisarías, la lucha contra las economías ilegales y la protección de los jóvenes deben formar parte de una estrategia integral.

El Gobierno tiene una oportunidad para demostrar que la coordinación anunciada puede convertirse en una política de Estado. La ciudadanía ya ha escuchado numerosas promesas de mano firme. Lo que ahora espera son investigaciones eficaces, procesos que no se dilaten y condenas cuando correspondan.