Por: Carlos Meneses

El desafío electoral, por ello, es mayor que elegir nombres. Se trata de escoger autoridades capaces de construir una Arequipa menos vulnerable, más ordenada y preparada para enfrentar las emergencias. El desarrollo no puede seguir creciendo sobre la informalidad. Debe hacerlo sobre seguridad, planificación y futuro.

Arequipa enfrenta una contradicción que ya no puede ser ignorada: mientras la ciudad y sus provincias continúan creciendo, una parte importante de ese desarrollo ocurre sobre bases frágiles. Más de la mitad de las viviendas de la región son informales y las brechas de infraestructura educativa y sanitaria revelan que el crecimiento urbano no ha sido acompañado por una adecuada planificación ni por servicios públicos capaces de responder a las necesidades de la población.

Los recientes eventos naturales vuelven a poner esta realidad frente a nuestros ojos. Un sismo de magnitud 3.5 en Caravelí y los fuertes vientos y tormentas de arena registrados en La Joya, con daños en viviendas, comercios y cultivos, recuerdan que la vulnerabilidad no es una posibilidad distante. En una región expuesta a sismos, lluvias intensas y otros fenómenos naturales, construir sin criterios técnicos significa multiplicar los riesgos.

Al cierre de 2025, unas 179 mil viviendas de Arequipa se encontraban en zonas no destinadas al uso habitacional o carecían de título de propiedad. A ello se suma que muchas fueron levantadas sin licencia ni supervisión profesional. El resultado es una infraestructura residencial precaria: 36% de las viviendas tiene techos de calamina, fibra de cemento o estera y 78% presenta pisos precarios.

La informalidad también tiene consecuencias sobre los servicios básicos. Pese a que Arequipa acumuló una inversión pública de S/ 1 389 millones desde 2015, dos de cada cinco hogares urbanos todavía carecen de acceso a redes públicas de agua y saneamiento. La inversión, por sí sola, no garantiza resultados si no está acompañada de planificación, fiscalización y una visión integral del territorio.

La situación de colegios y establecimientos de salud es igualmente preocupante. El 25,7% de los locales escolares públicos requiere demolición y reconstrucción por presentar riesgo alto o muy alto de colapso. Mientras tanto, el 40,5% de los módulos prefabricados continúa en funcionamiento pese a haber sido concebido como una solución temporal.

En Salud, el panorama es todavía más severo. El 99,7% de los establecimientos del primer nivel opera con capacidad instalada inadecuada y la región necesita ampliar su red hospitalaria para atender la demanda existente.

Estas cifras deben convertirse en una prioridad política. Las próximas autoridades regionales no pueden limitar su gestión a inaugurar obras aisladas. Arequipa necesita planificación urbana, vivienda segura, servicios básicos, colegios dignos y establecimientos de salud con capacidad real de atención.

Las APP y las Obras por Impuestos pueden acelerar inversiones, pero ninguna herramienta reemplaza la decisión política de establecer prioridades y ejecutarlas con transparencia y eficiencia.