La minería informal toca las puertas del poder
Por: Carlos Meneses
La ciudadanía debe vigilar el voto. Porque si el poder económico de la minería informal logra convertirse en poder político, el problema dejará de estar solamente en las minas: estará dentro de las instituciones.
La presencia de 735 candidatos inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) en las elecciones regionales y municipales de octubre no puede ser tomada como una simple coincidencia electoral. Cuando una actividad económica sometida a un proceso de formalización coloca a cientos de sus vinculados como aspirantes a cargos públicos, el país tiene derecho a preguntarse qué intereses estarán detrás de esas candidaturas y, sobre todo, qué ocurrirá si llegan al poder.
El dato es contundente: 735 candidatos a gobernadores, consejeros, alcaldes y regidores figuran en el REINFO. En Arequipa son 107, de los cuales nueve buscan cargos regionales y 98 puestos municipales. La cifra debería encender todas las alarmas de las organizaciones electorales, de las instituciones fiscalizadoras y, especialmente, de los ciudadanos.
No se trata de criminalizar a quienes intentan formalizar una actividad minera. El problema aparece cuando el poder económico de un sector que arrastra cuestionamientos por informalidad, contaminación y dificultades de fiscalización puede convertirse en poder político y, desde allí, intentar influir sobre las mismas instituciones que deben supervisarlo.
El riesgo de conflicto de intereses es evidente. Los gobiernos regionales tienen competencias vinculadas a la fiscalización de determinadas actividades mineras y de plantas de procesamiento. ¿Qué ocurrirá cuando el fiscalizador sea, directa o indirectamente, parte del sector que debe controlar? ¿Quién garantizará decisiones imparciales cuando existan intereses económicos en juego?
La experiencia reciente tampoco permite pecar de ingenuidad. El REINFO ha sido ampliado sucesivamente, convirtiendo una herramienta que debía conducir hacia la formalización en un mecanismo que para muchos terminó prolongando la incertidumbre y, en algunos casos, sirviendo de cobertura para actividades que deberían estar fuera del sistema.
La política no puede convertirse en el siguiente refugio de la informalidad.
Los electores de Arequipa tienen una responsabilidad enorme. Antes de depositar su voto deben conocer quiénes son los candidatos, de dónde provienen sus recursos, qué actividad económica desarrollan y qué intereses podrían representar una vez instalados en una municipalidad o en el Gobierno Regional.
Y las organizaciones políticas tienen una obligación todavía mayor. No basta con presentar listas y cumplir requisitos administrativos. Deben explicar por qué incorporan candidatos vinculados al REINFO y qué mecanismos de prevención aplicarán para evitar conflictos de intereses.
La democracia no se reduce a ganar elecciones. También exige garantizar que quienes llegan al poder público no utilicen el Estado para proteger negocios particulares.
Arequipa ya conoce las consecuencias de la minería informal cuando la autoridad mira hacia otro lado. Ahora debe impedir que esa misma indiferencia permita que la informalidad pase de los socavones a los despachos municipales y regionales.
