La obra de protección contra inundaciones en el sector de Tomaca, en el distrito Huancarqui (provincia Castilla), permanece paralizada desde 2025 tras la resolución de su contrato. Sin embargo, en el portal INFOBRAS todavía figura como “en ejecución”. El registro oficial también reporta un avance físico de 81,57 %, pese a que la Gerencia Regional de Agricultura (GRAG) informó que la obra alcanzó el 91,77 % antes de quedar paralizada.

La diferencia también se observa en el monto ejecutado. Mientras la información proporcionada por la GRAG reportaba una ejecución financiera acumulada de S/8 millones 340 mil 979, INFOBRAS registra S/7 millones 414 mil 46. La brecha asciende a S/926 mil 932. Asimismo, la última valorización aprobada corresponde a enero de 2025 y asciende a S/327 mil 121. 

Estas discrepancias fueron advertidas por la Contraloría General de la República en el Informe de Orientación de Oficio N.° 11123-2026-CG/GRAR-SOO, emitido el 12 de agosto. El órgano de control verificó que la obra, valorizada en más de S/9 millones, no reinició su ejecución tras la resolución del contrato, notificada entre septiembre y octubre de 2025. Tampoco cuenta con un plan de reinicio o cronograma actualizado.

La situación de la obra tampoco está cerrada en el ámbito contractual. Tras la resolución del contrato, la GRAG mantiene pendiente la definición del cierre técnico-financiero, por lo que solicitó un peritaje para determinar los aspectos que deben ser establecidos antes de concluir ese proceso. Este trámite se encuentra en curso mediante el Pedido de Servicio N.° 20. 

Pese a que la propia entidad informó a Contraloría sobre la resolución del contrato, la paralización y la controversia pendiente, ninguno de estos hechos ha sido incorporado a INFOBRAS. La plataforma continúa mostrando la obra como “en ejecución”, sin reflejar que el contrato fue resuelto ni que existe un procedimiento pendiente para determinar su cierre.

Ante ese escenario, el órgano de control concluyó que la entidad incumplió su obligación de mantener actualizada la información de la obra, lo que limita el seguimiento ciudadano y la transparencia sobre el uso de recursos públicos.