El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) reveló, en su más reciente Informe Técnico de Empleo Nacional, que el Perú en el primer semestre de 2026 genera más empleo cada año, pero no al ritmo que su propia demografía exige. De cada cien personas en edad de trabajar, apenas 66 tienen hoy un empleo —proporción que se mantiene prácticamente congelada en tres semestres consecutivos, pese al crecimiento en términos absolutos—, lo que indica que la economía incorpora trabajadores, pero sin ganarle terreno a una población en edad de trabajar que también crece. Lo que sí cambia es la calidad del empleo existente: la tasa de empleo adecuado pasó de 51,6% a 54,7% en un solo año. Pero esta mejora parte de un piso extraordinariamente bajo, y coexiste con una estructura que sigue siendo, en su mayoría, informal, precaria y de baja productividad. Cerca de 7 de cada 10 personas ocupadas trabajan en condiciones de informalidad que contrasta con el 52% del promedio de América Latina, según datos de la OIT.

La informalidad no es solo la ausencia de un contrato: es la ausencia de seguridad social y de protección ante el riesgo. Un trabajador informal no acumula derechos laborales, no puede invertir en su propia capacidad productiva y opera fuera de los mecanismos que hacen posible crecer. A esa escala, la informalidad no es un rasgo marginal del mercado laboral peruano: es su condición dominante.

Esa condición tiene raíces estructurales. Según el INEI, el 73% de los trabajadores se concentra en microempresas de menos de 10 personas, donde la división del trabajo es prácticamente imposible. Una misma persona produce, vende, administra y entrega, sin posibilidad real de especializarse.

Sin especialización no hay escala, y sin escala no hay productividad. Según datos del Conference Board, la productividad laboral del Perú equivale apenas al 15% del nivel de Estados Unidos —se necesitan casi 7 trabajadores peruanos para producir lo que genera uno estadounidense en una hora— y se ubica por debajo incluso del promedio latinoamericano. Arequipa ilustra con precisión esa paradoja. La región lidera el crecimiento del empleo en el país, registra una tasa de desempleo por debajo del promedio nacional y uno de los ingresos promedio más altos del interior. Son señales alentadoras —pero incompletas. Según datos del INEI, el 56,6% de sus trabajadores sigue en la informalidad, y según el último Censo Nacional Económico, el 65,5% labora en microempresas.

Arequipa genera empleo, pero lo hace mayoritariamente en condiciones que no permiten acumular. Una economía regional que crece en cantidad sin transformar su estructura productiva no está construyendo desarrollo —está aplazándolo. El diagnóstico no admite ambigüedad. Según estimaciones de Macroconsult, la productividad de una microempresa equivale apenas al 2,6% de la de una gran empresa —una brecha que hace imposible sostener salarios dignos, acumular capital o invertir en tecnología—.

El Banco Mundial identificó que la regulación laboral y tributaria genera incentivos perversos para que las empresas se mantengan pequeñas: menos productivas y dispuestas a contratar. El problema no es solo que las microempresas sean poco productivas —es que el propio marco regulatorio desincentiva que dejen de serlo. Mientras esa lógica no cambie, el crecimiento económico seguirá incorporando más trabajadores sin transformar la estructura en la que trabajan. Más ocupados, sí. Pero no necesariamente más desarrollados.