El ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey, planteó reenfocar la propuesta para bloquear las señales de celulares en los establecimientos penitenciarios, debido al riesgo de que esta medida también afecte a zonas cercanas, incluidos hospitales y comisarías.

Durante una entrevista, Rey señaló que las empresas operadoras de telefonía ya han presentado iniciativas para contribuir en la lucha contra la delincuencia. Estas propuestas serán trasladadas al Ministerio del Interior y a la presidenta Keiko Fujimori para su evaluación.

El titular del MTC sostuvo que las compañías cuentan con herramientas tecnológicas que permitirían identificar números telefónicos que realizan grandes cantidades de llamadas y detectar comunicaciones vinculadas con actividades delictivas.

Según explicó, las operadoras podrían determinar, dentro del marco legal correspondiente, cuándo una llamada relacionada con extorsiones o estafas se origina desde un centro penitenciario y facilitar su ubicación a las autoridades.

Rey consideró que las empresas de telecomunicaciones deben ser vistas como parte de la solución y no del problema. A su juicio, el uso de tecnología permitiría combatir las comunicaciones delictivas desde los penales sin generar interferencias que perjudiquen servicios esenciales en los alrededores.

El ministro también remarcó que uno de los principales problemas continúa siendo el ingreso ilegal de teléfonos celulares a los establecimientos penitenciarios. Señaló que impedir el ingreso de estos equipos corresponde a la Policía y al Estado.

La propuesta se plantea en un contexto de creciente preocupación por el uso de celulares desde los penales para realizar presuntas extorsiones y estafas. Frente a ello, el Gobierno evalúa alternativas tecnológicas que permitan bloquear o identificar las comunicaciones ilícitas, pero evitando afectar a ciudadanos y servicios públicos ubicados cerca de los centros penitenciarios.

Rey sostuvo que las iniciativas de las operadoras serán analizadas antes de adoptar una decisión definitiva sobre el mecanismo que se aplicará.