El país podría alcanzar US$ 10 mil millones anuales si se destraban proyectos. Arequipa, líder en inversiones mineras, tendría un papel central en este escenario.

IMPULSAN DESTRABE DE PROYECTOS

El debate sobre las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo al Congreso para destrabar proyectos y simplificar procedimientos mineros cobra especial importancia para Arequipa, una de las principales regiones mineras del país y que concentra una parte significativa de las nuevas inversiones del sector.

Según reciente informe del Ministerio de Energía y Minas, el país podría elevar su inversión minera formal hasta alcanzar los US$ 10 mil millones anuales, siempre que se reduzca la burocracia, se agilicen los procedimientos y se otorgue mayor seguridad jurídica a los inversionistas.

La propuesta resulta relevante para Arequipa, región que mantiene una fuerte presencia de la actividad minera y donde existen proyectos y operaciones que generan empleo, movimiento económico y demanda de servicios vinculados a la industria.

Consideran que las facultades legislativas representan una oportunidad para actualizar las normas relacionadas con la minería y generar condiciones de mayor predictibilidad. Entre los cambios planteados figuran modificaciones a las reglas sobre el otorgamiento, vigencia y caducidad de concesiones y otros títulos habilitantes, tanto en el ámbito nacional como subnacional.

También se plantea simplificar procedimientos administrativos y fortalecer los mecanismos de formalización y trazabilidad.

AREQUIPA, NUEVA ETAPA

La región Arequipa ya destaca en el mapa nacional por el volumen de inversiones mineras. Durante los primeros meses de 2026 concentró una importante participación de la inversión minera ejecutada en el país, impulsada principalmente por la actividad de grandes operaciones.

Este escenario podría ampliarse si las medidas planteadas permiten acelerar nuevos proyectos, ampliar operaciones existentes y atraer capital para exploración. Para Arequipa, ello significaría oportunidades adicionales para proveedores locales, empresas de servicios, trabajadores especializados y pequeñas y medianas empresas vinculadas a la cadena minera.

Sin embargo, el crecimiento de la inversión también plantea la necesidad de garantizar condiciones adecuadas para que los beneficios económicos alcancen a las poblaciones cercanas a las zonas de actividad extractiva.

Otro punto es el proceso de formalización de la pequeña minería y minería artesanal. Sobre el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) su permanencia prolongada terminó desvirtuando el propósito inicial del mecanismo.

En el documento, refieren que cualquier ampliación debe ser temporal y dirigida únicamente a quienes demuestren avances concretos hacia la formalización. El proceso debe acompañarse de una nueva legislación para la pequeña minería y minería artesanal. Es decir, a que formalizarse resulte más rápido, económico y seguro que permanecer en la informalidad.

Para Arequipa, donde también existe actividad de pequeña minería y minería artesanal, una reforma de este tipo podría contribuir a ordenar el sector, mejorar la trazabilidad de los minerales y establecer mayores controles ambientales y laborales.

En este contexto, Arequipa aparece como una región estratégica para el futuro de la inversión minera peruana. Si el país logra reducir trabas, garantizar estabilidad normativa y acelerar proyectos, la región podría captar una parte importante del nuevo capital que busca ingresar al sector.

El desafío será convertir esa mayor inversión en empleo, proveedores locales, infraestructura y desarrollo para las poblaciones arequipeñas, evitando que el crecimiento minero se limite únicamente al aumento de las cifras de inversión.