Por Carlos Meneses

Arequipa necesita autoridades que se adelanten a la emergencia, no funcionarios que esperen la tragedia para explicar por qué no pudieron prevenirla. El momento de actuar es ahora, antes de que las lluvias conviertan la negligencia presupuestal en una emergencia de mayores dimensiones.

Las cifras reveladas por la Contraloría de la República sobre la ejecución del presupuesto destinado a prevenir desastres en Arequipa no pueden ser recibidas como un dato administrativo más. Son una señal de alarma. Veintidós municipalidades ejecutaron menos del 40% de los recursos del Programa Presupuestal 0068 y diez de ellas permanecen en cero. Mientras tanto, el Gobierno Regional de Arequipa mantiene sin ejecutar S/16.47 millones de los S/27.83 millones asignados a la reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias.

El problema no es la falta de dinero. Es la incapacidad de convertir los recursos disponibles en prevención concreta. Así lo ha advertido el propio contralor general, César Aguilar Surichaqui, al señalar que existe una deficiencia de capacidad técnica para formular y ejecutar intervenciones. Y cuando se trata de prevenir huaicos, inundaciones, desbordes, colapsos de vías o daños en servicios esenciales, la ineficiencia administrativa deja de ser solamente un problema de gestión: puede convertirse en una amenaza para la población.

Resulta particularmente preocupante que diez municipios registren una ejecución de 0%. ¿Qué esperan sus autoridades? ¿Que llegue una emergencia para recién movilizar maquinaria, personal y presupuesto? ¿Que una carretera quede bloqueada, un puente colapse o una familia pierda su vivienda para comenzar a actuar? Esa lógica reactiva ha demostrado reiteradamente ser más costosa y dolorosa que una adecuada política de prevención.

Arequipa conoce perfectamente los riesgos que enfrenta. Las lluvias intensas, huaicos, deslizamientos y desbordes ya han provocado emergencias en diferentes provincias. A ello se suma el escenario climático advertido para los próximos meses. No existe, por tanto, justificación razonable para que los recursos destinados a reducir riesgos permanezcan inmovilizados.

También corresponde exigir respuestas al Gobierno Regional. Mantener sin ejecutar más de la mitad de un presupuesto destinado específicamente a reducir vulnerabilidades es una situación que merece explicaciones y, sobre todo, soluciones inmediatas. No basta con señalar dificultades burocráticas, falta de expedientes o problemas de coordinación. La responsabilidad de gobernar implica superar esos obstáculos.

La Contraloría debe mantener una vigilancia estricta, pero las autoridades regionales y municipales deben asumir que el tiempo se agota. Los recursos del Programa 0068 no fueron asignados para permanecer en las cuentas públicas, sino para proteger a la ciudadanía.

La prevención no puede ser un discurso que aparece después de cada desastre. Debe comenzar antes. Cada sol no ejecutado oportunamente puede representar mañana una infraestructura dañada, un servicio paralizado o una vida expuesta.