El magistrado Pedro Hernández Chávez juró este viernes como nuevo presidente del Tribunal Constitucional (TC) para el periodo 2026-2028, durante una ceremonia realizada en la sede institucional del organismo, en el distrito limeño de San Isidro.

En el mismo acto, la magistrada Luz Pacheco Zerga asumió la vicepresidencia del Tribunal Constitucional, mientras que el magistrado Francisco Morales Saravia fue designado director general del Centro de Estudios Constitucionales (CEC).

Durante su discurso de orden, Hernández Chávez sostuvo que asumir la conducción del máximo órgano de interpretación constitucional representa una responsabilidad vinculada con la defensa de la Constitución, la democracia y los derechos fundamentales de los ciudadanos.

El nuevo titular del TC destacó que la Carta Magna debe ser entendida como un instrumento que pertenece a todos los peruanos y que tiene como finalidad garantizar las libertades y limitar el ejercicio del poder.

Asimismo, expresó su compromiso de conducir una institución cercana a la ciudadanía, transparente y firme en la defensa del orden constitucional. Señaló que la labor del Tribunal debe desarrollarse bajo criterios de independencia y responsabilidad, especialmente en un escenario en el que las decisiones constitucionales tienen impacto directo en la sociedad.

Entre las prioridades anunciadas para su gestión figura la reducción sustancial de la carga procesal que afronta el Tribunal Constitucional. Hernández Chávez planteó como objetivo avanzar hacia una justicia constitucional más rápida y oportuna para los ciudadanos que recurren a esta institución.

El magistrado también reconoció el trabajo desarrollado por el personal jurisdiccional y administrativo del TC y remarcó la importancia de mantener una labor coordinada para alcanzar los objetivos institucionales.

Con la nueva conformación de su presidencia y vicepresidencia, el Tribunal Constitucional inicia así un nuevo periodo de gestión que tendrá entre sus principales retos fortalecer la atención de los procesos pendientes y garantizar el cumplimiento de sus funciones como máximo intérprete de la Constitución.

La gestión de Hernández Chávez se extenderá hasta 2028, periodo durante el cual deberá afrontar los desafíos relacionados con la administración de justicia constitucional y la defensa de los derechos fundamentales.