Por: Carlos Meneses

El crecimiento económico no puede medirse únicamente por cuánto se produce. También debe importar cómo se genera esa riqueza y quiénes se benefician de ella. Permitir que las economías ilícitas se incorporen silenciosamente al circuito formal significaría aceptar que el crimen termine financiando una parte de nuestro desarrollo. Ese sería, sin duda, un precio demasiado alto para una sociedad que aspira a progresar dentro de la legalidad.

La expansión de las economías ilícitas en América Latina dejó de ser un problema exclusivamente policial. Hoy constituye una amenaza directa para la economía formal, la inversión y la competitividad. La estimación de que entre el 3% y 4% del PBI regional estaría relacionado con actividades vinculadas al crimen organizado debería encender todas las alarmas.

El problema es que el dinero ilegal no permanece necesariamente en la clandestinidad. Una vez obtenido mediante actividades como la minería ilegal, el contrabando, la extorsión o el narcotráfico, busca ingresar al circuito económico mediante el lavado de activos. Empresas, propiedades, inversiones y operaciones comerciales pueden convertirse, entonces, en mecanismos para ocultar su verdadero origen.

Esta infiltración produce una competencia profundamente desigual. El empresario formal paga impuestos, cumple normas laborales, asume costos ambientales y enfrenta controles permanentes. En cambio, quienes operan con capitales ilícitos cuentan con recursos obtenidos al margen de la ley y pueden utilizarlos para expandir sus negocios, comprar voluntades o desplazar a quienes trabajan legalmente.

El caso de la minería ilegal resulta particularmente preocupante para el Perú. El elevado precio del oro incrementa el atractivo de esta actividad y puede fortalecer a organizaciones criminales que buscan controlar territorios, rutas y mercados. No estamos, por tanto, únicamente ante un problema ambiental. También existe una amenaza económica y de seguridad que debe ser enfrentada con decisión.

Arequipa no puede considerarse ajena a este escenario. Nuestra región tiene una importante actividad minera y una economía estrechamente vinculada a ella. Precisamente por eso resulta indispensable diferenciar y proteger a la minería formal de aquellas actividades que depredan el ambiente, evaden obligaciones y alimentan circuitos económicos clandestinos.

El Estado tampoco puede conformarse con realizar operativos y decomisar maquinaria. La lucha contra las economías ilícitas exige seguir la ruta del dinero. Hay que identificar quién financia estas actividades, quién compra el mineral, quién lo comercializa y cómo las ganancias terminan incorporándose al sistema financiero o empresarial.

Pero existe otro componente igual de preocupante: la corrupción. Ninguna organización criminal puede crecer de manera sostenida si no encuentra funcionarios, intermediarios o mecanismos institucionales que faciliten sus operaciones. Combatir el crimen organizado significa también cerrar esas puertas.

La defensa de la economía formal debe convertirse en una prioridad nacional. Si el dinero ilegal continúa penetrando los mercados, quienes cumplen la ley terminarán siendo los perjudicados. Y cuando el Estado pierde capacidad para garantizar reglas iguales para todos, pierde también la confianza de ciudadanos e inversionistas.