El Gobierno prepara una nueva Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal mientras se discute qué ocurrirá con los miles de inscritos en el REINFO. Arequipa concentra uno de los mayores grupos de mineros en vías de formalización del país y enfrenta el desafío de separar a quienes avanzan hacia la legalidad de quienes permanecen en la informalidad.

REINFO VENCE A FINES DE AÑO

A cuatro meses del vencimiento de la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), el Gobierno busca definir una nueva ruta para la pequeña minería y la minería artesanal. El debate ya no se centra únicamente en ampliar o cerrar el registro, sino en establecer qué ocurrirá con los mineros que efectivamente han avanzado en su proceso y con aquellos que llevan años inscritos sin completar los requisitos.

La futura Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) tendrá que resolver uno de los principales problemas de la política minera peruana: un mecanismo creado para facilitar el tránsito hacia la formalidad terminó acumulando miles de inscripciones sin que una proporción equivalente llegara a culminar el proceso.

Según información del Ministerio de Energía y Minas recogida por el Banco Central de Reserva, al 20 de abril de 2026 había 31 610 inscritos en el REINFO, mientras que entre 2014 y 2025 apenas 2 295 mineros culminaron su formalización. El contraste evidencia la enorme brecha entre estar registrado y convertirse efectivamente en un operador formal.

La nueva legislación deberá establecer, por ello, una especie de filtro. Los mineros que demuestren avances concretos podrían tener una vía de transición, mientras que quienes no hayan cumplido las obligaciones deberían quedar fuera del mecanismo.

El abogado especializado en derecho penal ambiental y minero y vocero técnico del Consejo Nacional de Minería, André Sota Sánchez, sostuvo que cerrar el REINFO sin una alternativa podría dejar sin salida a quienes sí buscan formalizarse. Pero también advirtió que una permanencia indefinida del registro no soluciona el problema.

El reto será definir una fecha de cierre real, requisitos verificables, plazos y mecanismos de fiscalización.

AREQUIPA, EL GRAN DESAFÍO

El problema adquiere una dimensión especial en Arequipa. La región figura entre las jurisdicciones con mayor presencia de mineros inscritos en el REINFO. Un reporte oficial sobre la situación del registro, con información correspondiente a 2025, contabilizó 16 169 inscripciones vinculadas a Arequipa, de las cuales 3 526 aparecían vigentes y 12 643 en condición suspendida. La región concentraba así el 19,30 % del total nacional registrado en ese reporte.

Estos números muestran que el problema regional no puede resolverse únicamente con una ampliación general del REINFO. Una parte importante de los inscritos se encuentra suspendida y requiere determinar si existe realmente voluntad y capacidad para completar las exigencias de la formalización.

La propia institucionalidad regional ha reconocido la magnitud del problema. En agosto de 2024, el Consejo Regional de Arequipa creó una comisión especial para investigar el proceso de formalización de la pequeña minería y minería artesanal y determinar si el Gobierno Regional, a través de sus órganos competentes, gestionó de manera eficiente este proceso.

En febrero de 2026, el Consejo Regional aprobó el informe final de esa comisión especial.

El escenario es particularmente importante en provincias como Caravelí, Condesuyos, Castilla y Camaná, donde la pequeña minería y minería artesanal tiene una presencia histórica. Precisamente, en julio de este año el Gobierno Regional de Arequipa informó sobre la entrega de 32 títulos de concesiones mineras para actividades de pequeña minería y minería artesanal en Caravelí, Caylloma, Camaná, Castilla, Condesuyos y Arequipa.

La existencia de estos procesos demuestra que sí existe una ruta de acceso a la minería formal, pero también evidencia que esta requiere superar varios requisitos legales, técnicos, ambientales y de titularidad.

EL PROBLEMA NO ES SOLO EL REINFO

El futuro del registro tampoco puede analizarse como si fuera el único obstáculo. La formalización implica acreditar derechos sobre la actividad minera, cumplir obligaciones ambientales y presentar documentación técnica, entre otros requisitos.

Uno de los instrumentos centrales es el IGAFOM, que permite identificar, controlar, mitigar y prevenir los impactos ambientales negativos de las actividades de pequeña minería y minería artesanal. La evaluación corresponde al gobierno regional.

En Arequipa existen expedientes que muestran que este procedimiento continúa desarrollándose. Por ejemplo, se han aprobado instrumentos ambientales para actividades de explotación no metálica en Vítor y para asociaciones de mineros artesanales en Yanaquihua, en Condesuyos.

Esto plantea una pregunta fundamental para la nueva ley: ¿qué sucederá con quienes ya presentaron documentos, tienen avances verificables y dependen de la administración regional para completar el procedimiento?

La respuesta no puede ser igual para todos. Un minero que cuenta con documentación ambiental, derecho sobre el área o acuerdos con el titular y avances técnicos no se encuentra en la misma situación que quien permanece inscrito durante años sin presentar los requisitos esenciales.

Por ello, una nueva ruta debería establecer categorías objetivas y públicas que permitan conocer quiénes pueden continuar y quiénes deben abandonar el proceso.

UNA PROPUESTA QUE MIRA A 15 MIL MINEROS

En mayo de 2026, el Gobierno Regional de Arequipa presentó el proyecto del Parque Minero Metalúrgico de Cháparra, en Caravelí, como una propuesta destinada a ordenar y modernizar la minería artesanal. Según la entidad regional, el proyecto busca alcanzar a más de 15 mil mineros artesanales y convertirse en una experiencia piloto para enfrentar la minería ilegal y ordenar la actividad productiva.

La propuesta resulta relevante en el debate nacional porque plantea que la formalización no debería limitarse a llenar formularios o renovar inscripciones. También requiere crear condiciones productivas para que el pequeño minero pueda operar legalmente.

Un parque minero, centros de procesamiento autorizados, asistencia técnica, mecanismos de trazabilidad y acceso a servicios especializados podrían convertirse en herramientas para reducir los incentivos de operar al margen de la ley.

Pero cualquier modelo de este tipo deberá contar con controles estrictos. La formalización no puede convertirse en una puerta para legalizar actividades desarrolladas en zonas prohibidas, sobre áreas sin autorización o con impactos ambientales que no puedan ser mitigados.

EL GRAN FILTRO: FORMALIZAR O SALIR

La futura legislación enfrenta entonces una doble obligación. Por un lado, debe evitar que miles de pequeños productores queden en un limbo administrativo. Por otro, debe impedir que el REINFO continúe funcionando como una protección indefinida para quienes no muestran avances.

El propio Estado reconoce que el registro tiene carácter dinámico y permite conocer la situación de las personas naturales y jurídicas inscritas. Esto debería permitir construir una clasificación transparente basada en evidencias.

Una nueva ruta podría considerar, entre otros elementos, la presentación y aprobación del IGAFOM, acreditación del derecho minero o autorización correspondiente, identificación del operador real, cumplimiento tributario, trazabilidad del mineral y avances técnicos comprobables.

También debería establecer plazos individuales, de manera que cada minero sepa exactamente qué requisito debe cumplir, cuánto tiempo tiene y qué ocurrirá si no lo hace.

La fiscalización tendría que ser paralela. No basta con declarar formal a una operación si posteriormente continúa contaminando, utilizando insumos sin control o comercializando mineral de origen desconocido.

EL RIESGO DE CONFUNDIR INFORMALIDAD CON ILEGALIDAD

Uno de los puntos más sensibles es la necesidad de diferenciar la minería informal de la minería ilegal.

El minero informal que trabaja en una zona permitida, se encuentra dentro del proceso y busca cumplir las condiciones establecidas por el Estado requiere una política de acompañamiento y fiscalización. La actividad ilegal, en cambio, debe ser perseguida y sancionada.

La nueva ley deberá evitar que ambos fenómenos sean tratados como si fueran idénticos.

Para Arequipa, esta diferencia es fundamental. La región tiene una importante tradición de pequeña minería y minería artesanal y, al mismo tiempo, enfrenta riesgos vinculados a actividades que operan fuera de los controles estatales.

Por ello, la discusión sobre el REINFO no debería reducirse a una fecha de vencimiento. El verdadero debate es qué tipo de minería quiere tener el país y qué condiciones está dispuesto a exigir para permitirla.

UNA DECISIÓN QUE MARCARÁ A AREQUIPA

La experiencia de Arequipa demuestra que el problema tiene una dimensión que va más allá del registro. La región cuenta con miles de inscritos, procesos ambientales en marcha, concesiones otorgadas y propuestas para ordenar territorialmente la actividad.

El nuevo modelo tendrá que aprovechar esos avances, pero también corregir las deficiencias acumuladas.

La cifra nacional de 31 610 inscritos frente a apenas 2 295 formalizados en más de una década muestra que mantener el mismo esquema no parece suficiente. La próxima ley deberá establecer una ruta con principio y final: ingreso, cumplimiento de requisitos, fiscalización, formalización y, si corresponde, salida definitiva.

Para Arequipa, donde la minería artesanal representa una actividad económica de gran presencia territorial, la decisión tendrá un impacto directo sobre miles de trabajadores y sus familias.

La formalización, finalmente, no debería significar solamente permanecer en un padrón. Debería significar tener derecho a operar, cumplir la ley, reducir los impactos ambientales, demostrar el origen del mineral y someterse a una fiscalización efectiva.

El desafío del Gobierno será convertir esa definición en reglas concretas. Y para Arequipa, una de las regiones con mayor número de inscritos, el resultado de esa reforma podría determinar si el REINFO finalmente se convierte en una verdadera puerta hacia la legalidad o continúa siendo un registro que acumula nombres sin lograr suficientes mineros formalizados.