El diputado de Ahora Nación, Harvey Colchado presentó un proyecto de ley que plantea suspender de manera parcial o total las pensiones de militares y policías retirados que accedan a cargos públicos por elección popular, con el objetivo de evitar que perciban ingresos que superen el límite establecido para los funcionarios del Estado.

La iniciativa propone modificar la Ley 31473, vigente desde mayo de 2022, que permite a los pensionistas de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional recibir simultáneamente la remuneración correspondiente al cargo de elección popular y la pensión obtenida por sus años de servicio.

Según Colchado, la propuesta busca eliminar lo que considera un privilegio denominado “doble sueldo” para los integrantes retirados de las instituciones castrenses y policiales que ingresen a la función pública mediante el voto ciudadano.

El legislador precisó que la medida también lo alcanzaría en caso de acceder a uno de los cargos contemplados en la iniciativa. La propuesta comprende a diputados, senadores, gobernadores regionales, consejeros regionales y regidores.

El proyecto establece que la pensión será suspendida, de manera parcial o total, cuando la suma de la remuneración recibida por el cargo público y la pensión supere el tope de ingresos establecido para los servidores del Estado mediante el Decreto de Urgencia 038-2006.

Para el año fiscal 2026, la Unidad de Ingreso del Sector Público está fijada en 2 600 soles. En consecuencia, el límite considerado por la iniciativa asciende a 15 600 soles mensuales, equivalente a seis unidades.

De acuerdo con el planteamiento, si un militar o policía retirado supera ese monto al sumar su remuneración y pensión, esta última quedará suspendida mientras ejerza el cargo de elección popular. La medida no implicaría la pérdida definitiva del beneficio previsional.

Una vez concluido el periodo para el cual fue elegido, el funcionario retirado podrá volver a percibir su pensión en las condiciones correspondientes.

Colchado sostiene que la propuesta busca establecer un criterio de mayor equilibrio en el uso de recursos públicos y evitar que determinados funcionarios acumulen ingresos por encima del límite remunerativo establecido para el sector estatal.

El proyecto deberá seguir el procedimiento legislativo correspondiente antes de ser debatido y, eventualmente, sometido a votación en las instancias del Congreso.