El Ministerio Público solicitó al Poder Judicial el levantamiento del secreto bancario de cinco personas vinculadas al expresidente José Jerí, como parte de la investigación preliminar que se le sigue por los presuntos delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias, relacionados con reuniones no registradas con empresarios chinos durante su gestión.

El requerimiento fiscal fue presentado el 31 de agosto y comprende a los empresarios chinos Zhihua Yang y Shui Qin, además de Alicia Camargo, exfuncionaria del despacho presidencial; Jhonn Mendoza, oficial de la Policía Nacional; y María Oré, madre del exmandatario.

La Fiscalía considera a estas personas como “terceros afectados” y solicita que la medida abarque sus movimientos financieros entre el 10 de octubre de 2025 y el 17 de febrero de 2026, periodo considerado dentro de las diligencias preliminares.

El pedido será evaluado por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria. El órgano jurisdiccional dispuso que los involucrados sean notificados para que puedan presentar sus argumentos dentro de un plazo de tres días hábiles.

Asimismo, programó para el 12 de octubre, a las 2:30 de la tarde, una audiencia virtual y privada en la que se analizará el requerimiento fiscal, con participación de las partes procesales. Posteriormente, el Poder Judicial deberá emitir una decisión sobre la solicitud.

La Fiscalía de la Nación inició el 15 de enero una investigación preliminar contra José Jerí, a raíz de reuniones que sostuvo con empresarios chinos y que no habrían sido registradas oficialmente.

Entre los encuentros investigados figuran una reunión con Zhihua Yang realizada el 26 de diciembre de 2025 en un establecimiento ubicado en San Borja, así como otro encuentro en el local de Market Capón, en el Cercado de Lima. También se investigan reuniones que el entonces mandatario habría sostenido con empresarios chinos en Palacio de Gobierno.

El levantamiento del secreto bancario constituye una diligencia destinada a obtener información financiera que pueda ser incorporada a la investigación. Su autorización deberá ser evaluada por el Poder Judicial, mientras que la investigación preliminar continuará para determinar si existen elementos que sustenten las imputaciones formuladas por el Ministerio Público.

Hasta que concluya el proceso, las personas comprendidas mantienen sus derechos y garantías procesales, incluida la presunción de inocencia.