Las bancadas de Juntos por el Perú, Buen Gobierno, Ahora Nación y Obras presentaron ante el Senado una solicitud de remoción por falta grave contra el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor. El pedido sostiene que habría incurrido en una presunta actuación negligente en el cumplimiento de las obligaciones y deberes inherentes al cargo.

SOLICITUD FUE PRESENTADA AL SENADO

Gutiérrez ejerce como defensor del Pueblo desde el 19 de mayo de 2023, cuando fue elegido por el entonces Congreso con 88 votos a favor. Su mandato está previsto para cinco años, hasta mayo de 2028.

El documento fue presentado ante el presidente del Senado, Miguel Torres Morales, y plantea dos hechos como sustento principal. El primero está relacionado con declaraciones realizadas por Gutiérrez el pasado 27 de agosto, cuando afirmó que la presidenta de la República, Keiko Fujimori, podría incrementar su aprobación si decidiera cerrar el Congreso.

Las bancadas consideran que esas expresiones constituyen una actuación incompatible con las responsabilidades de un organismo constitucional autónomo encargado de defender derechos fundamentales y supervisar los deberes de la administración pública. Gutiérrez, posteriormente, sostuvo que nunca alentaría la disolución de una institución.

El segundo argumento está referido a presuntas irregularidades en la contratación y designación de personal dentro de la Defensoría del Pueblo. El pedido recoge cuestionamientos difundidos en un reportaje periodístico basado en información de la Contraloría. Según la denuncia, algunas personas habrían accedido a puestos mediante procedimientos cuestionados, mientras que determinados registros de experiencia y perfiles profesionales habrían sido modificados.

Estos hechos forman parte de los argumentos de los solicitantes y deberán ser evaluados durante el procedimiento correspondiente. No constituyen por sí mismos una determinación de responsabilidad.

PROCEDIMIENTO EN EL SENADO

De acuerdo con el pedido, la solicitud debe ser remitida a la Comisión de Procedimientos Especiales, que tendría un plazo de 30 días hábiles para evaluar las pruebas, solicitar información y recibir los descargos de las partes.

Antes de una eventual votación en el Pleno del Senado, Gutiérrez o su abogado tendrán derecho a participar en una audiencia y presentar sus argumentos de defensa.

Los promotores de la remoción sostienen que la vacancia requiere dos tercios del número legal de senadores, es decir, 40 votos de los 60 integrantes de la Cámara Alta.

La solicitud constituye el inicio de un procedimiento y no implica una decisión definitiva sobre la permanencia de Gutiérrez en el cargo. Corresponderá al Senado evaluar los argumentos, las pruebas y los descargos antes de adoptar una determinación.