Por Carlos Meneses

Cada sol público que se pierde o se utiliza deficientemente reduce la capacidad del Estado para generar bienestar. Pero hay algo todavía más difícil de recuperar que el dinero: la confianza de los ciudadanos en sus autoridades y en sus instituciones.

A las puertas de un nuevo proceso electoral regional y municipal, el debate no debería reducirse a quiénes aspiran a gobernar. También corresponde preguntar en qué condiciones recibirán las nuevas autoridades las instituciones, los proyectos y las finanzas públicas. En Arequipa y el sur, donde existen importantes recursos naturales, actividad minera y capacidad empresarial, persisten necesidades sociales y obras que no siempre se traducen en resultados para la población.

El Índice de Riesgos de Integridad Subnacional 2026 señala que 19 de las 25 regiones presentan riesgos elevados vinculados con corrupción y uso inadecuado de recursos públicos. La cifra debe interpretarse correctamente: riesgo no significa delito comprobado. Pero sí revela vulnerabilidades que demandan prevención, transparencia y controles más eficaces.

La dimensión económica tampoco puede ignorarse. Según estimaciones de la Contraloría, en 2023 la corrupción y la inconducta funcional habrían generado pérdidas por aproximadamente S/24 268 millones, equivalentes al 12,7 % del presupuesto ejecutado. Los gobiernos regionales concentraron una estimación de S/7 615 millones, con una incidencia de 15,4 % de su presupuesto ejecutado.

El problema adquiere especial gravedad cuando afecta la inversión pública. Allí donde debería construirse un hospital, una carretera, un colegio o un sistema de saneamiento, cada sol utilizado deficientemente representa una oportunidad perdida para la ciudadanía.

Nuestra región tampoco está al margen. La Contraloría estimó para 2023 un perjuicio extrapolado de aproximadamente S/928 millones por corrupción e inconducta funcional. Es importante precisar que se trata de una estimación estadística y no de dinero comprobado como sustraído.

A ello se suman perjuicios concretos identificados en acciones de control: aproximadamente S/15,65 millones en las plantas de tratamiento de La Joya, más de S/10 millones en la carretera Pampacolca–división Tagre–Tipán y cerca de S/3,8 millones en la interconexión vial de las avenidas Andrés Avelino Cáceres y Daniel Alcides Carrión.

Estas cifras tampoco significan que toda obra paralizada o deficiente sea producto de corrupción. Existen problemas técnicos, contractuales, presupuestales y administrativos que pueden explicar una paralización. Precisamente por eso, el desafío es contar con instituciones capaces de detectar responsabilidades, corregir errores y prevenir que los problemas terminen perjudicando al ciudadano.

Arequipa no necesita solamente más presupuesto: necesita mejor presupuesto. El éxito de una gestión no debería medirse únicamente por cuánto dinero ejecutó, sino por lo que consiguió con él: hospitales operativos, carreteras transitables, colegios adecuados, agua potable, saneamiento y seguridad.

Porque detrás de cada cifra hay ciudadanos. Y existe una pérdida que ningún informe de control puede calcular con precisión: la pérdida de confianza.

Recuperarla exige expedientes técnicos sólidos, profesionales competentes, contrataciones transparentes, supervisión efectiva y autoridades dispuestas a rendir cuentas. El próximo ciclo de gobiernos regionales y municipales debería asumir ese compromiso desde el primer día.